Quienes adhieren a que el juicio a Claudio Scapolan equivale al desmoronamiento de la Justicia gestada en la Legislatura bonaerense a fines del siglo XX se niegan a ver en la golpiza a Sergio Berni el temblor previo al posible derrumbe del orden discrecional construido en las últimas tres décadas por el poder político. La resistencia a creer que el juicio al fiscal de Tigre y la agresión al ministro de Seguridad por la muerte de un chofer de colectivos prueban la gravedad de la crisis de representación en la provincia de Buenos Aires tiene lógica.

Aceptar la disociación de los dirigentes con la ciudadanía supondría admitir por anticipado la aparente inviabilidad de los procesos de reelección por el que pugnan, entre otros, Alberto Fernández y Axel Kicillof. Por su caudal de votos, la provincia define el resultado de los comicios. El asesinato de Daniel Barrientos interfiere con la intención de retener el gobierno. Deja al desnudo la indefensión frente al delito en La Matanza, el distrito que aporta más electores.

El asalto donde perdió la vida ocurrió en Virrey del Pino, una de las 16 localidades de ese partido. Pero que con sus 123 kilómetros cuadrados duplica a los de Avellaneda y Lanús, a los que iguala en habitantes: unos 300.000. Casi la sexta parte del total en La Matanza. La comisaría de Virrey del Pino tiene ocho policías y tres patrulleros. Uno está roto. Lanús y Avellaneda suman 50 comisarías.

Sandra Arroyo Salgado derribó la teoría del supuesto ensañamiento con Scapolan que defienden intendentes del oficialismo y la oposición en la zona norte del conurbano. Pero a la que adhieren funcionarios de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento a Magistrados, encargada de analizar si hay motivos para investigar a funcionarios judiciales. El organismo es dirigido desde 1991 por Ulises “Coco” Giménez, histórico apoderado del PJ.

Al declarar como testigo en el jury que dará su veredicto el 11 de abril, la jueza federal de San Isidro apeló a un argumento simple: el injustificado interés de un fiscal sin competencia en causas federales para intervenir en aquellas vinculadas al narcotráfico. Berni y Kicillof adjudicaron la muerte de Barrientos a un supuesto hecho extraño relacionado con esta actividad ilegal. Tal vez tengan razón. La diferencia con otros similares es que este fue noticia por la muerte de Barrientos.

Con dos de los sospechosos detenidos y reconocidos por testigos, la fiscalía general de La Matanza tiene por ahora otra hipótesis. Ladrones que proveerían de celulares a una de las tantas bandas dedicadas al robo de autopartes. Al gobierno bonaerense le preocupa más la causa en la que se investiga la paliza a Berni. Sobre todo porque el Ministerio Público le reconoció a la ciudad competencia para intervenir en ella. El ministro fue golpeado en su jurisdicción: Villa Lugano.

Julio Alak reaccionó de inmediato con una denuncia en Comodoro Py por agresión a la autoridad. El fundamento es sugestivo: “La calificación jurídica de los hechos excede la competencia de la Justicia Contravencional porteña”. Resulta obvio que al ministro de Justicia le interesa que la causa salga de esa órbita. Igual que a Valeria Carreras, del estudio de Fernando Burlando y autora de una iniciativa similar. El abogado se habría reunido con Berni luego de lanzar su candidatura a gobernador.

Resulta probable que la denuncia de Alak sea una respuesta a lo que habría resuelto Juan Bautista Mahiques. El fiscal general del gobierno porteño delegó la causa de Berni en uno de sus tres adjuntos. Además de tener competencia exclusiva en la Justicia de Faltas, lo que llama la atención del elegido, Marcelo Varona Quintián, es que sea el cuñado de Diego Santilli. Está casado con Guadalupe, su hermana. Santilli es el candidato a gobernador de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires.

Hubiese sido más lógico que esa causa recaiga en cualquiera de los otros dos adjuntos. Juan Corvalán, con injerencia en lo contencioso y administrativo. O Javier López Zavaleta, responsable del fuero penal y contravencional. El vínculo de Rodríguez Larreta con Sergio Massa moviliza la suspicacia de Kicillof y de Berni. El padre del fiscal general y camarista federal, Carlos “Coco” Mahiques, habría sido parte de la lista de auxilios judiciales prometidos a Cristina por el grupo Vila-Manzano- Filiberti como parte de los acuerdos alcanzados para que Sergio Massa sea ministro de Economía.

Al entorno de Berni le sorprende que Jorge D’Onofrio no haya sufrido rasguños mientras apaleaban a su jefe. El ministro de Transporte bonaerense lo escoltó en el avasallante y descuidado intento de poner fin al corte de tránsito de los choferes en la ruta 3 y la avenida General Paz. “Solo se le desabrochó el botón de la camisa a la altura del abdomen”, bromeó con ironía un asesor de Berni. D’Onofrio negoció con la UTA medidas de seguridad antes del asesinato a Barrientos. Parece difícil que fuese un desconocido para quienes protestaban.

Pero Berni y Kicillof tienen otra razón para perseguir el traslado de la causa. Junto a sus antecedentes, la Procuración General bonaerense le envió a Mahiques un análisis de imágenes donde se detectó a Berni rodeado por un grupo que se identifica con el Movimiento de Dignidad Policial, que lidera Oscar Pagano. El expolicía que trepó a una antena durante el reclamo salarial de la bonaerense en septiembre de 2020. Esa torre está en la Jefatura Departamental de La Matanza. El lugar donde Berni tiene despacho. Massa impulsó a D’Onofrio para sustituir al ministro de Seguridad durante ese conflicto. D’Onofrio es el habitual nexo de Massa con la Justicia y la policía bonaerense. Presidió la Comisión de Seguridad en la Legislatura mientras fue diputado en el gobierno de María Eugenia Vidal. Todas conjeturas, Y, en apariencia, descabelladas. Igual que la que ubica a Berni en el lote de los presidenciables a los que recurriría Cristina para disputarle el cargo a Fernández en una PASO. Massa no habría renunciado todavía a ser el candidato único. Un deseo más fácil de cumplir si no hubiese competidores. El ministro de Economía mantiene un conflicto con Berni desde que Alcides Díaz Gorgonio robó su casa en 2013. El ladrón era miembro de la Prefectura Naval, una de las tres fuerzas al mando de Berni, secretario de Seguridad.

La denuncia de Alak recayó en el juzgado de Ana María Capuchetti y será analizada por el fiscal Guillermo Marijuan. A los dos se los vincula con Daniel Angelici. Capuchetti fue recusada sin éxito por Cristina en la causa donde se investiga el atentado contra su vida. Angelici es aliado de Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de gobierno porteño preferiría que sea el senador nacional y no Jorge Macri quien lo suceda.

Para que sea posible, Angelici debería convencer a Mauricio Macri que votar al candidato a presidente y a jefe de gobierno en urnas separadas no perjudica a su primo, el candidato principal del Pro y quien presentó a Angelici con el expresidente. Otras versiones aluden a una supuesta negociación para que Patricia Bullrich deje de competir por la presidencia y sea candidata a gobernadora bonaerense.

Curiosamente, Kicillof y Berni sindican a Bullrich como responsable de la protesta de los choferes por la muerte de Barrientos. El temor al cambio inherente al ser humano es, en este momento, el rasgo más saliente de todo el arco de la dirigencia política.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/sergio-berni-el-semblante-del-miedo-al-cambio-nid08042023/