El Gobierno abrió las negociaciones para discutir con los opositores llamados "dialoguistas" los cambios al texto aprobado en Diputados. Esto sucedió a la par de la reanudación del plenario de comisiones en el Senado, en el que referentes sindicales y otros expositores cuestionaron el proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal. Esas conversaciones recién arrancaron, por lo que se extenderían los tiempos del debate.

 

El oficialismo por el momento no tiene asegurados los votos para garantizarse un triunfo en el recinto, por lo que no definió qué día pasará a la firma los dictámenes y por lo tanto tampoco la fecha de la sesión. 

 

En Balcarce 50 se atan a un puñado de senadores clave que todavía no definieron sus posturas. Sin embargo, se trata de una decisión que será tomada cuando se conozca qué modificaciones aceptará el Gobierno y cómo quedará la redacción de esos artículos.

Bartolomé Abdala, titular de la comisión de Legislación General, aceptó que los invitados podrían seguir exponiendo hasta el jueves. En un primer momento el oficialismo, con exceso de confianza, tenía la intención de emitir los dictámenes la semana pasada y luego este martes, lo que se fue complicando y quedó prácticamente descartado. Este miércoles, a su vez, Nicolás Posse -jefe de Gabinete- dará su informe de gestión en el Senado.

"Estamos conversando. Vamos a avanzar cuando estén los votos", dijo a la prensa un integrante de La Libertad Avanza. Los primeros días de tratamiento en la Cámara alta habían transcurrido sin negociaciones concretas. Lo había hecho notar el radical Maximiliano Abad este domingo. "No hay gestión de la ley por parte del oficialismo. Escucha pero no actúa para que el Gobierno tenga su ley", expresó.

 

En el inicio de la semana hubo más movimiento en el oficiaismo. José Rolandi -vicejefe de Gabinete- pasó este lunes por el Senado para discutir posibles cambios a los proyectos. Senadores radicales recibieron llamados de funcionarios. Los legisladores oficialistas también cruzaron diálogo con sus pares en los alrededores del Salón Azul.

 

Guillermo Francos cuando le entregó la ley ómnibus a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Más allá de las intenciones de LLA y de la predisposición de los aliados, todavía no circuló un borrador de la posible redacción acordada de los artículos corregidos.

 

En el bloque de la UCR había causado malestar la reunión de Guillermo Francos -ministro del Interior- y Eduardo Lule Menem con Martín Lousteau, uno de los correligionarios más críticos con el contenido de los proyectos. Carolina Losada lo había cuestionado públicamente, y otros seguían apuntando al oficialismo por ese encuentro bilateral: "Desordenan lo ordenado. Ahora es lógico que todos hagamos nuestros planteos".

Lousteau pidió "discutir como corresponde" e introducir correcciones, principalmente en los capítulos del régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI), Ganancias y blanqueo, entre otros puntos. Pablo Blanco, otro radical, condicionó su apoyo en general a que se modifiquen dos artículos, para no eliminar regímenes especiales y excepciones impositivas a Tierra del Fuego.

Entre los senadores que el oficialismo busca seducir aparecen los peronistas disidentes Carlos Espínola y Edgardo Kueider. El entrerriano transmitió una serie de pedidos de cambios en facultades delegadas, energía, reforma laboral, procedimiento administrativo, RIGI y privatizaciones. Además, exigió un compromiso para que el nuevo texto sea ratificado en Diputados y no que en esa cámara los legisladores insistan con la media sanción.

 

En el mapa del oficialismo figuran como aliados, además del PRO y Cambio Federal (Juan Carlos Romero), los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la cordobesa Alejandra Vigo y la rionegrina Mónica Silva. Las negociaciones también se abrieron con la neuquina Lucila Crexell y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Dentro del PRO, Guadalupe Tagliaferri se diferenció del resto del bloque con críticas y reclamos de modificaciones.

Unión por la Patria, con 33 senadores, también puja por reunir el número para el rechazo.

Con ese panorama adverso a sus altas pretensiones, el Gobierno se resignó a aceptar cambios para evitar la caída de los proyectos. En tal caso sucedecería lo que no quería, que los proyectos retornen a Diputados.

"Puede haber correcciones, pero no todo lo que están pidiendo. No vamos a permitir que mutilen las leyes", aclaró un senador libertario.

 

De cualquier modo en el Gobierno ya vislumbran que Javier Milei no tendrá sanción antes del 25 de mayo, el día del Pacto de Mayo.

 

diariochaco