Las telefónicas deberán bloquear celulares, chips y líneas detectadas dentro de cárceles federales
Telecom, Claro y Movistar deberán aplicar bajas inmediatas sobre equipos y líneas señaladas por el Ministerio de Seguridad dentro del sistema penitenciario.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida para endurecer el control de las comunicaciones dentro de las cárceles federales. A través de la resolución 300/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), publicada en el Boletín Oficial, se estableció que las empresas de telefonía móvil deberán bloquear teléfonos celulares, tarjetas SIM y líneas telefónicas que sean detectadas en funcionamiento dentro de establecimientos penitenciarios federales.
La decisión complementa una normativa previa impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y busca reforzar los mecanismos para impedir que personas privadas de su libertad utilicen dispositivos móviles para coordinar delitos, realizar estafas, extorsiones o mantener comunicaciones ilegales desde prisión.
Qué cambia con la nueva medida
Hasta ahora, el sistema administrado por el Enacom estaba principalmente orientado al bloqueo de celulares denunciados por robo, hurto o extravío. Con esta modificación, las compañías telefónicas deberán actuar también cuando el Ministerio de Seguridad detecte actividad de dispositivos dentro de cárceles federales o en áreas restringidas de esos establecimientos.
En esos casos, las operadoras estarán obligadas a bloquear de manera simultánea:
- el IMEI, que identifica de manera única al aparato celular;
- el IMSI, correspondiente a la tarjeta SIM y al abonado de la red;
- y la línea telefónica asociada.
La incorporación formal del IMSI es uno de los puntos centrales de la nueva normativa. Según explicaron desde el organismo regulador, mientras el bloqueo del IMEI inutiliza el equipo, el del IMSI impide que la tarjeta SIM pueda reutilizarse en cualquier otro dispositivo o incluso conectarse a redes móviles fuera del país.
Cómo será el procedimiento
El mecanismo previsto establece una cadena de actuación entre distintos organismos del Estado y las empresas privadas. En primer lugar, el Servicio Penitenciario Federal identificará dispositivos activos dentro de las unidades penitenciarias. Luego, esa información será remitida al Ministerio de Seguridad, que solicitará formalmente el bloqueo a las compañías de telefonía.
A partir de esa notificación, las operadoras deberán ejecutar el bloqueo del equipo, de la tarjeta SIM y de la línea asociada, además de conservar registros completos sobre cada procedimiento realizado.
La medida alcanza a todas las prestadoras de telefonía móvil que operan en el país, entre ellas Telecom Argentina, Claro, Movistar.
El antecedente de los inhibidores de señal
La resolución también retoma una discusión histórica sobre los inhibidores de señal instalados en cárceles. Si bien la legislación argentina ya prohibía las comunicaciones móviles dentro de los penales y habilitaba el uso de estos sistemas, durante años se registraron denuncias por interferencias en barrios cercanos a complejos penitenciarios.
Por eso, el nuevo esquema enfatiza que los bloqueos deberán aplicarse exclusivamente dentro del ámbito penitenciario, evitando afectar la cobertura o las comunicaciones de terceros ajenos a las investigaciones.
El objetivo oficial
Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a combatir nuevas modalidades delictivas vinculadas al uso de tecnología dentro de las cárceles. Según el argumento oficial, el crecimiento de las herramientas de comunicación digital obligó al Estado a actualizar sus mecanismos de control.
En ese marco, consideran que el bloqueo conjunto de equipos, chips y líneas permitirá neutralizar de manera más efectiva el uso clandestino de celulares dentro de los penales federales y limitar la capacidad operativa de organizaciones criminales desde el interior de las cárceles.
DATACHACO
