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"La justicia chaqueña avala a usurpadores de tierras fiscales", aseguró "Marilín" Canata

La presidente del Instituto de Tierras Fiscales apuntó contra los jueces de la provincia.

"La justicia chaqueña avala a usurpadores de tierras fiscales", aseguró "Marilín" Canata

La presidente del Instituto de Tierras Fiscales apuntó contra los jueces de la provincia.

Ana María "Marilín" Canata, presidente del Instituto de Tierras Fiscales, dialogó este viernes en exclusiva con Gustavo Olivello y,al aire de Alerta urbana, denunció un escenario de corrupción sistémica y complicidad judicial en la administración de inmuebles estatales. 

La funcionaria fue tajante al afirmar que "la justicia chaqueña avala a usurpadores de tierras fiscales", señalando que existen "serios problemas" porque los magistrados aplican criterios del derecho civil a bienes públicos sin consultar al organismo técnico. 

Según mencionó, esta protección llega al extremo de otorgar botones antipánico a ocupantes ilegales de campos, mientras se desatiende a víctimas de violencia real.

Sobre la adjudicación irregular, describió un "plan perfectamente diseñado" para beneficiar a figuras como la familia de Ramón "Tito" López, que recibió casi 3 mil hectáreas mediante el fraccionamiento de lotes contiguos para eludir la firma del gobernador. Canata calificó estos expedientes como "sucios e irregulares", denunciando que se otorgaron tierras a personas sin capacidad productiva que pagaron montos irrisorios al contado, violando la restricción legal de venta por diez años.

La titular del Instituto identificó como usurpadores a "grandes productores que no son chaqueños", quienes tomaron extensiones de hasta 3 mil hectáreas sin poseer documentación ni marcas de ganado registradas en la provincia. 

Estos empresarios cercan campos fiscales y explotan recursos forestales sin tributar en el Chaco, amparados por la inacción de gestiones anteriores. Ante este "desmanejo total" que afectaría hasta un 20% del patrimonio fiscal, Canata ratificó la decisión de recuperar estos predios para destinarlos a pequeños productores locales, asegurando que "las responsabilidades penales alcanzan a los exgobernadores y presidentes del ente" que permitieron estas maniobras.

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