En la jornada del miércoles, la Cámara Federal rechazó el recurso de apelación presentado por el Gobierno y confirmó que el Ministerio de Capital Humano debe elaborar un plan de distribución de los alimentos retenidos en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, tal como lo había ordenado previamente el juez Sebastián Casanello.

El fallo, que se conoció luego de la audiencia realizada este martes en Tribunales, cuenta con la firma de los jueces Martín Irurzun, Guillermo Farah y Roberto José Boico.

Tras conocerse la decisión, el querellante en la causa, Juan Grabois, que se cruzó con la secretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, en los pasillos de tribunales, afirmó: "Ganamos la apelación. Sorpresas te da la vida. Contala como quieras Pettovello, pero repartí la comida. Nosotros, sin miedo, hasta que no falte pan en ninguna mesa".

 

La medida establece que la cartera comandada por Sandra Pettovello debe elaborar "un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato" y, al mismo tiempo, fijó un plazo de 72 horas para presentarlo, que no fue cumplido.

A pesar de que el Gobierno había apelado el fallo por considerarlo "arbitrario y contradictorio", pero la Cámara rechazó la apelación al considerar que no existía una "intromisión indebida de la Justicia" y se aclaró que "no están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos".

Además, la Justicia también se refirió a la fuerte discusión entre Grabois y Gianni durante la audiencia al dejar en claro que "lamentablemente, las voces de aquellos a los que representan quedaron ocultas tras gestos violentos y agresiones verbales", y envió los testimonios al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y al Ministerio de Capital Humano para que se "evalúen las conductas".

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