Según datos del gremio, más de medio millón de trabajadores brindan servicios en los 2.000 municipios y comunas del país, se trata del 20% del total de empleados públicos (el 60% se desempeña en administraciones provinciales y el 20% restante en la esfera nacional) de acuerdo a información oficial.

En una momento donde candidatos presidenciales como Javier Milei (La Libertad Avanza) proponen “achicar el Estado” mediante la eliminación de ministerio y áreas estratégicas, privatizar la obra pública, acceso a educación y salud según capacidad de pago y un esquema de retiros voluntarios, tal como sucedió en los noventa, esta herramienta busca por el contrario “crear un ámbito nacional que sirva para fijar un piso mínimo de dignidad para los trabajadores, permitiendo recuperar salarios y, por otro lado, ponerle fin a la precarización laboral como los grandes objetivos”, detalló en diálogo con El Destape, Rodolfo Aguiar, secretario general adjunto de ATE nacional.

En relación, uno de los ejes sobre la mesa pasa por la necesidad de discutir los presupuestos municipales así como el sistema de coparticipación federal que actualmente beneficia a la Ciudad de Buenos Aires. “Si al Estado lo comprendemos en sus tres niveles, Estado Nacional, las provincias y los municipios, sin lugar a dudas en materia de derechos salariales y laborales los trabajadores municipales son los más postergados”, señaló el dirigente; y consideró que “el ministro no abordó el tema al pasar y por la urgencia de estar transitando un tiempo electoral, sino de forma responsable, y eso nos da tranquilidad porque desde todas las provincias están interesados en que se avance en la conformación de este Consejo”.

Cómo funcionaría el Consejo

El Consejo del Salario Municipal apunta a conformar un ámbito nacional que garantice condiciones laborales justos a quienes se desempeñan en el sector público local de manera de “lograr mayor equidad en los vínculos laborales con aquellos trabajadores y trabajadoras más postergados del Estado”.

De acuerdo a lo señalado desde ATE, “se trata de un instituto legal que sirva para garantizar un piso de dignidad a todos los trabajadores municipales del país”, partiendo de “la coincidencia con el ministro acerca del escenario crítico que enfrentan los trabajadores de este sector y la necesidad de intervenir”.

Si bien no existen antecedentes similares en materia municipal “se podría tomar la discusión de la paritaria nacional docente como un ejemplo del nivel de intervención que se busca”. Sobre este punto, Aguiar resaltó que “ese espacio existe y nadie dice que se afectan las autonomías provinciales porque se establezca a nivel nacional un piso salarial que debe regir para los docentes en todo el país, esto debiera actuar de manera similar y no deberíamos tener intendentes escudándose detrás de las autonomías municipales porque deben servir para garantizar derechos y crear nuevos. No podemos defender autonomía municipal con la finalidad de precarizar o explotar trabajadores”, enfatizó.

Datos del empleo público

Esta semana se difundió el informe “Resultados de la política de fortalecimiento del Empleo Público”, realizado por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Según se desprende del documento, son 3.389.900 los trabajadores públicos del país, teniendo en cuenta los tres ámbitos. En detalle, el 60% de los trabajadores públicos se desempeña bajo la órbita de administraciones provinciales, un 20% en el ámbito municipal y el 20% restante en la esfera nacional. De ese total un 55% son mujeres.

Además, y a diferencia de lo que suelen plantear quienes promueven “achicar el Estado”, el 51% del total tiene estudios terciarios y universitarios completos, en tanto que el 47% realiza tareas de Administración, Defensa y Seguridad, el 27% de Educación, el 13% de Salud y un 13% restante lo hace en otras funciones, según se indicó desde el área coordinada por Ana Castellani.

La funcionaria señaló en la presentación, “necesitamos mejorar la vida de argentinos y argentinas y creemos que es el Estado el que tiene las herramientas necesarias para lograrlo. Pero el Estado no es un conjunto de instituciones vacías, están los trabajadores y las trabajadoras, si queremos garantizar el acceso a derechos, la efectividad de las políticas públicas para convertirse en bienes públicos de calidad, necesitamos contar con una política de empleo público que cumpla con la ley, permita concursar a las y los agentes y trascienda los cambios de gobierno”.

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