Estafa millonaria al PAMI: médico del Chaco está entre los auditados
Un prestador de la UGL XIII fue denunciado penalmente y se le rescindió el contrato tras detectarse inconsistencias en la documentación clínica y en las prestaciones facturadas. El caso se enmarca en una ola de auditorías que comprometió a siete profesionales en distintas provincias.
Un médico de cabecera que prestaba servicios para el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) en Chaco fue denunciado penalmente y dado de baja como prestador luego de que una auditoría detectara presuntas irregularidades en la documentación clínica y en las prestaciones facturadas.
Se trata de un profesional identificado con las iniciales J.C., perteneciente a la Unidad de Gestión Local (UGL) XIII. Según informó el organismo, las actuaciones se realizaron en el marco del expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP.
De acuerdo con el resultado de las auditorías, se detectaron deficiencias en la documentación obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas relacionadas con prestaciones declaradas ante la obra social.
El PAMI señaló que los descargos presentados por el médico fueron considerados insuficientes para desvirtuar las observaciones realizadas por las áreas técnicas y jurídicas del organismo. Como consecuencia, se dispuso la rescisión del contrato y se remitieron las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para su investigación.
Baja de prestadores y fraude
El caso forma parte de una serie de auditorías realizadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que a fines de mayo de 2026 derivaron en la baja de más de 1.500 prestadores en distintas provincias por presuntas irregularidades vinculadas a cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y otras anomalías administrativas.
Según informó el organismo, Chaco y Tucumán fueron las provincias donde se promovieron nuevas denuncias penales a partir de los resultados obtenidos en los controles.
Las investigaciones detectaron un patrón común en distintos expedientes: la cantidad de consultas y prestaciones facturadas superaba ampliamente la capacidad operativa declarada por algunos profesionales en función de sus horarios de atención registrados en el sistema.
Ante estas situaciones, el PAMI aplicó medidas que incluyeron débitos sobre liquidaciones, retenciones preventivas de pagos, rescisiones contractuales y presentaciones judiciales en los casos considerados más graves.
El organismo recordó además que ya había impulsado denuncias por presuntas maniobras fraudulentas en noviembre de 2025, vinculadas al uso de órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo y utilización indebida de datos de afiliados.
Finalmente, desde el PAMI aclararon que los procesos de auditoría no afectan la continuidad de la atención de los afiliados y aseguraron que se trabaja para garantizar las prestaciones médicas a través de la red disponible en todo el país. “Auditar no significa perseguir”, señalaron desde el organismo.
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