Una denuncia de acoso laboral en contexto de violencia de género viene generando una fuerte tensión dentro del Tribunal de Cuentas, donde desde el comienzo de esa situación las autoridades del organismo parecieran no haber asumido la gravedad del caso y permitieron la continuidad de hechos que van dando lugar a nuevas derivaciones.

 

El Tribunal de Cuentas continúa siendo escenario de una situación tensa originada en una denuncia por violencia de género.

 

Una de las consecuencias es que denunciado y denunciante continúan cruzándose en la sede del Tribunal, dando lugar a denuncias adicionales por hostigamiento y a contradenuncias por parte del funcionario acusado de maltratos.

 

 

EL ORIGEN

 

Para poner en contexto, la historia hay que remontarse a años atrás, cuando una auditora del organismo, la contadora Carola Urlich, formuló una denuncia contra el fiscal relator José María del Cerro, también contador, acusándolo de ejercer contra ella -como superior suyo- actitudes y expresiones sexistas, descalificadoras y humillantes.

 

Urlich, en sus denuncias ante la justicia penal y otros órganos del Estado (como la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados) relató que esos maltratos psicológicos llevaban mucho tiempo, y afirmó que Del Cerro, por ejemplo, le decía que debía "hacerse las tetas" para estar a la altura del lugar laboral que ocupaba, o se burlaba de su tono moreno de piel.

 

La auditora dijo que cuando se atrevió a denunciar esos hechos, que ya la afectaban psíquicamente de un modo severo, Del Cerro comenzó a presionarla y amenazarla para que retirara esas presentaciones. A la par, la conducción del Tribunal de Cuentas optó por tratar el caso como si fuera un mero incidente administrativo, e instó a ambos a una suerte de entendimiento personal, ignorando los protocolos existentes para abordar potenciales situaciones de violencia de género.

 

 

MÁS DENUNCIAS

 

Al ver que, institucionalmente, en su propio ámbito de trabajo no iba a tener respuestas acordes a la gravedad de lo que estaba denunciando, Urlich avanzó con las presentaciones en la justicia y otras oficinas del Estado.

 

En los tribunales recientemente Del Cerro fue imputado por "lesiones graves calificadas", en una causa que conduce la fiscal especializada en temática de género Noelia Encinas. La figura obedece a los daños psicológicos que acreditó Urlich, quien cuando el hostigamiento alcanzó su punto más alto debió iniciar tratamientos psicológico y psiquiátrico.

 

Del Cerro, en tanto, negó los hechos que se le atribuyen y semanas atrás formuló una denuncia propia contra Urlich, basándose en que el esposo de la fiscal del TC es proveedor del Estado y alegando que la legislación vigente determina que los contratistas del sector público no pueden tener familiares que sean personal estatal.

 

El fiscal relator del Tribunal de Cuentas sostiene que Urlich y su esposo (contra quien hizo extensiva la denuncia) omitieron dolosamente declarar su vínculo. Además, denunció en paralelo a Urlich ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas por no haberse matriculado en esa entidad para ejercer como contadora del Tribunal.

 

 

LA RESPUESTA

 

Urlich, frente a esos cargos, respondió que ambas imputaciones carecen de sustento y son parte de un nuevo hostigamiento. Ella indicó que normas reglamentarias vigentes establecen que los vínculos familiares están prohibidos solo en el caso de que quien es proveedor del Estado realice transacciones con áreas u organismos que a la vez estén auditados por una persona de su entorno familiar.

 

En el caso del esposo de Urlich es proveedor de Vialidad Provincial, organismo que no está entre las cuentas que audita Urlich. Y en cuanto a la matriculación, la contadora explicó que ya está establecido que no se trata de un requisito exigible para los profesionales de las ciencias económicas que trabajan para el Tribunal de Cuentas y no ejercen la profesión de manera privada, como es su situación.

 

De hecho, dice que hay otros contadores en la misma situación. Por eso, Urlich consideró a ambas acusaciones parte de un nuevo acoso que viola los mandamientos judiciales contra Del Cerro que se dispusieron en su momento para proteger a la denunciante. A raíz de ello, la auditora denunció esta situación ante la justicia penal, relató, además, que Del Cerro "ha incrementado las situaciones de cruzarse personalmente y físicamente en los pasillos y oficinas del Tribunal de Cuentas".

 

El receso judicial que comenzó este mes y se mantendrá hasta principios de febrero le puso una pausa a la batalla judicial, que seguramente arrojará novedades cuando la actividad en los tribunales vuelva a la normalidad.

 

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