Allanamientos simultáneos en propiedades de Julio De Vido

Ocho allanamientos simultáneos eran realizados hoy por la Gendarmería, por orden de la justicia federal, en distintas propiedades atribuidas al ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido y su familia en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Así lo indicaron hoy fuentes judiciales al señalar que el juez federal Luis Rodríguez ordenó allanar siete inmuebles y dieciséis lotes del ex funcionario en la ciudad de Buenos Aires, la localidad de Zárate y la capital de Córdoba.

El magistrado dispuso los allanamientos tras haber corroborado que esas propiedades “serían domicilios que poseen vinculación” con la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli, y tres de sus hijos.

Los operativos arrancaron este mediodía, a pedido de la fiscal Alejandra Mangano, quien investiga la situación patrimonial de la familia desde 2003 a 2015, a partir de la denuncia de uno de los porteros del edificio de la avenida Del Libertador, quien declaró que sacaron del departamento de De Vido “tres enormes cajas fuertes”, antes de un allanamiento que se hizo en junio de 2016.

La defensa de De Vido cuestionó los procedimientos con un comunicado en el que sostuvo que se trataba de “un nuevo atropello de la justicia” que implementó los allanamientos “con el claro objetivo de amedrentar a la familia del diputado para forzarlo a un hipotético quiebre y supuesto arrepentimiento”.

“Vamos a plantear la nulidad de todos los allanamientos”, dijeron a Télam fuentes del estudio de abogados Rusconi, que lleva la defensa del ex ministro.

Y, remarcaron que dispusieron “cuatro abogados repartiéndose para estar al menos en los allanamientos de Capital y el de Zárate, porque son simultáneos”.

“Hay que tener en cuenta que estos domicilios, los de avenida Libertador y Zárate ya fueron allanados y no encontraron nada”, señalaron a esta agencia los abogados y confirmaron que le habían comunicado al ex ministro -quien sigue detenido- que se hacían los operativos.
En total, ocho procedimientos simultáneos fueron realizados hoy por Gendarmería: cinco en la Ciudad de Buenos Aires, uno en el country de Zárate donde el ex funcionario albergaba aves exóticas, y dos en Córdoba.

El juez Rodríguez ordenó secuestrar “documentación de contenido patrimonial” y también dar la caracterización de las propiedades y los aspectos más relevantes de las mismas, informaron las fuentes judiciales.

Los efectivos de la fuerza también allanaron departamento de Valeria De Vido, ubicado en la calle Teodoro García al 2000.

Los operativos fueron dispuestos días después de que el portero del departamento palermitano de De Vido revelara ante el fiscal federal Guillermo Marijuan que la familia había ingresado cajas fuertes en el domicilio hace “unos diez años atrás” y dio gran cantidad de detalles.

En ese marco, aseguró el 22 de agosto ante la justicia que una caja fuerte “grande era como de 2,5 metros de altura y 1,5 metros de ancho, como la que tienen los bancos. Y las otras dos eran más chicas, de un metro” y acotó que los encargados “de subir las cajas no eran de la custodia, era personal especializado en este tema porque tenían unos cinturones de seguridad enormes”.

Estos movimientos, según la declaración del encargado, se produjeron antes que la Cámara de Diputados aprobara los allanamientos en el departamento del diputado, que luego perdió sus fueros y tras pasar por la cárcel de Ezeiza quedó detenido en el penal de Marcos Paz.

En su comunicado, la defensa de De Vido apuntó que el “juez Rodríguez no satisfecho con mantener en el cautiverio de la prisión preventiva durante casi 11 meses a Julio De Vido, en el marco de una causa en la cual no ha hecho una sola actividad de investigación penal relevante” ahora a pedido de la fiscal allanó viviendas de Minicelli y otros integrantes de la familia “con la banal excusa de buscar documentación que se podría haber solicitado y llevado de modo voluntario como esta defensa ha hecho siempre”.

Y, consideró la serie de allanamientos “se hace con el claro objetivo de amedrentar a la familia del diputado para forzarlo a un hipotético quiebre y supuesto arrepentimiento”.

Esta, añadió, es “la peor versión de un sistema inmoral de extorsión basado en no sólo el uso del imputado como órgano de prueba, sino que se llega hasta el extremo de utilizar el dolor familiar como presión psíquica sobre el que ya está sufriendo las consecuencias de una detención ilegítima”.

Télam.