La próxima reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, fijada para el 4 de abril, se presenta con un nuevo foco de conflicto debido a la eliminación por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de los giros que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) efectúa a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas.

 

Las partidas destinadas a las cajas no transferidas están presupuestadas por el gobierno nacional para provincias de diferentes signos políticos, incluyendo Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.

 

Desde la asunción del presidente Javier Milei, estas transferencias no se realizan, a pesar de los reclamos que venían realizando las provincias. La decisión anunciada desencadenará en nuevas presentaciones judiciales, con algunos distritos que ya han llegado en ocasiones anteriores a la Corte Suprema de Justicia.

 

Hasta diciembre pasado, estas provincias recibían las partidas sin actualización, incumpliendo la ley. Sin embargo, desde enero, la Casa Rosada no ha girado ni un peso más, ni siquiera a valores históricos, acumulando una deuda respaldada por ley.

 

Este cambio en la política de transferencias fue introducido por el DNU publicado en el Boletín Oficial el miércoles pasado, el cual eliminó varios artículos de la Ley de Presupuesto (27.701) de 2023, prorrogada para este año, y derogó el esquema establecido desde el gobierno de Mauricio Macri.

 

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