El caso de aborto no punible a una menor que conmociona a Sáenz Peña y al interior

“Es la primera vez en los años que llevo como fiscal que me tocó intervenir en un caso de este tipo”, dice en una charla informal con NORTE el fiscal de Investigaciones Marcelo Soto. Se refiere, de manera directa, al caso de aborto no punible practicado a una menor de 13 años que había quedado embarazada producto de un abuso sexual con acceso carnal, en que el victimario sería el padrastro de la menor, quien por ese caso está a punto de ir a juicio.

El fiscal Marcelo Soto en la redacción de la agencia de NORTE dio detalles sobre al caso de práctica de aborto no punible a una menor que gestaba un embarazo producto de la violación de su padrastro.
Si bien la práctica se realizó en el mes de marzo en el Hospital 4 de Junio de esta ciudad, el caso recién se conoció en el último día hábil antes de la feria judicial que comienza hoy.

Y tiene su origen en la denuncia efectuada en Machagai de donde son oriundas, por la madre de la niña de 13 años en los primeros días de marzo de este año.

Un hecho aberrante

El caso impactó y conmociona a la opinión pública por las características del mismo. Un caso de abuso sexual aberrante, que tiene como resultado la gestación de un embarazo y termina con un aborto no punible, contemplado en las exenciones previstas por la legislación penal vigente.

En esa instancia la menor pudo contarle a su madre que “cuando ella se iba del domicilio, en reiteradas oportunidades a lo largo de un tiempo era abusada por el padrastro”, sostuvo el fiscal Soto haciendo referencia a la denuncia.

Recordó que “esos dichos fueron corroborados durante el relato de la menor cuando declaró en Cámara Gesell. Allí, en sus dichos pudo desarrollar una declaración donde dio cuenta de manera fehaciente como se concretaban los abusos”.

Producto de esos abusos “la menor quedó embarazada y al momento de la denuncia ese embarazo cursaba la semana 16 de gestación”.

Ante esta situación recordó Soto que “por tratarse de una menor, le dimos a conocer lo previsto en el artículo 86 del Código Penal que establece las causales excepcionales que establece la ley para que un aborto no sea punible, una de ellas precisamente cuando el embarazo devenga de un caso de abuso sexual” y luego que prestara conformidad “durante el mismo mes de marzo es que se aplicó el protocolo para la interrupción de ese embarazo”, puntualizó.

El padrastro, detenido

El padrastro de la menor, un hombre de unos 45 años está detenido con prisión preventiva. Se realizó el requerimiento de elevación a juicio y está en trámites de elevarse la causa ante la Cámara en lo Criminal Nº 2 que será la encargada de llevar adelante el debate.

Las pericias fueron contundentes

SAENZ PEÑA (Agencia) -El fiscal Marcelo Soto explicó que tras la ejecución del protocolo “se enviaron las muestras correspondientes, entre ellas la muestra de perfil genético –ADN- tomadas al imputado en la causa que es el padrastro para las periciales encargadas al IMCIF” y afirmó “los resultados de cotejo genético fueron contundentes al determinarse el 99,9 por ciento de certeza respecto a la paternidad del imputado”.

El representante del Ministerio Público reconoció que “el hecho sorprendió bastante”, porque todo se dio “de manera tan directa” cuando por lo general “en este tipo de caso no se da la determinación del autor de manera tan directa”.

Se siguió el protocolo establecido

Soto aseguró que “se siguió el protocolo establecido para este tipo de casos al pie de la letra” y remarcó que “a partir de la aceptación de llevarlo adelante por parte de la madre de la víctima, se activaron todos los mecanismos de contención para asistirla y protegerla”.

En ese sentido remarcó que “ha sido un trabajo amplio con un equipo interdisciplinario que intervino en el proceso previo a la interrupción como también en toda la etapa posterior desarrollando el tratamiento terapéutico exigido y brindando la contención desde distintos aspectos como por ejemplo el psicológico”.

Lo que establece la ley

Si bien en su artículo 85 el Código Pena Argentino establece al aborto como un delito y establece penas de 3 a 10 años al que lo causare son el consentimiento de la mujer y de hasta 15 en el caso de la muerte de esta, el artículo siguiente establece las excepciones para su práctica no punible, de acuerdo a lo establecido en el año 1922.

En ese sentido establece dos causales, una relacionada con el riesgo de salud para la madre y no pudiere subsanarse ese riesgo mediante otra práctica médica y la que compete en este caso, si el embarazo fuere producto de una violación como lo establece el inciso 2º de ese artículo 86. En un primer momento este inciso solo establecía el alcance solo para personas que poseían algún tipo de discapacidad aunque posteriormente la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció al respecto que «el supuesto de aborto no punible contemplado en el inciso 2, comprende a aquel que se practique respecto de todo embarazo que sea consecuencia de una violación, con independencia de la capacidad mental de su víctima».

Este pronunciamiento surgió a partir de la convalidación por unanimidad del fallo del Superior Tribunal de Chubut autorizando la realización de un aborto a una joven de 15 años, que como en este caso, quedó embarazada tras ser violada por su padrastro.

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