«Marcela Mosqueda deberá acceder a brindar información», aseguraron desde Federación SITECH

Mediante un comunicado, la Federación SITECH explicó que “la sentencia de acción de amparo de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo fue favorable para la Federación”, en relación a su reclamo contra la ministra de Educación Marcela Mosqueda.

Destacaron la importancia de esto argumentando que “la Justicia determinó que el Ministerio deberá informarnos sobre montos”.

A continuación el comunicado completo:

La sentencia de acción de amparo de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo Sala Segunda ha salido favorable para Federación SITECH contra el Ministerio de Educación y tiene que ver con lo que venimos denunciando hace tiempo sobre el acceso a la información que hemos requerido, y que la Ministra se ha negado a informar sistemáticamente.

La importancia de esto es que la justicia determinó que el Ministerio deberá informarnos sobre montos destinados a Escuelas de Gestión Privadas, Escuelas de Gestión Social, proyectos especiales, diplomaturas, postítulos, sueldos, cantidad de agentes que cobran a través del M.E.C.C.y.T y resoluciones de creación de las mismas, etc.

En este sentido tomaremos conocimiento de los dueños de más de doscientas escuelas privadas que se constituyeron en filántropos, ya que la Ley de Educación prohíbe expresamente que las escuelas subvencionadas puedan lucrar, llamando la atención que los dueños de estas instituciones en forma desprendida, benevolentes y en carácter de benefactores se dediquen a esta actividad. La Ministra deberá demostrar que no hay lucro alguno, ni connivencia, entre los dueños de las escuelas de gestión privada y el MECCyT.

Así también, deberá dar razón de cómo crearon escuelas de gestión social sin que la Ley de Educación Provincial Nº 6691 haya sido reglamentada, y que inclusive la propia Ley establece que la debe reglamentar la propia cámara, por lo que ni el Poder Ejecutivo tenia facultad para dictar algún instrumento legal. Recordamos que la Ley de Educación tiene más de ocho años de vigencia y por lo tanto la falta de reglamentación fue un acto voluntario del gobierno y de los propios diputados para evitar cualquier limitación en su implementación, actuar arbitrariamente, por lo que concluimos que el hecho de haber otorgado el manejo a movimientos sociales amigos del gobierno, es el mismo camino que la creación de más de doscientas escuelas de gestión privada y que en su conjunto constituye lo que denominamos la política de privatización de la enseñanza y el vaciamiento de lo que conocemos como escuelas públicas, como son los cierres de cursos, divisiones y grados. Si bien existen oficialmente y de acuerdo a lo que informo la Ministra en la interpelación 14 instituciones de esta naturaleza, las mismas se han diseminado por toda la provincia a través de sus anexos.

El gobierno deberá explicar cómo crearon estas escuelas, designaron directores, rectores, profesores, auxiliares docentes, etc, con que instrumento legal y al mismo tiempo cuales fueron las condiciones necesaria para acceder a los cargos y horas cátedras, como evitaron todos los controles que existen en la provincia e inclusive el de Tribunal de Cuentas, que parece no haberse anoticiado.

Así mismo, por primera vez después de muchos años de denuncias por parte de este sindicato el gobierno deberá dar cuenta, cómo personas que no tienen nada que ver con el sistema educativo como son futbolistas, choferes, fotógrafos y amigos en general del gobierno se le otorgó proyectos especiales que es una gran caja negra con lo que compra voluntades y que al mismo tiempo son cuantiosos fondos que se desvían y no se destinan a educación, desvirtuando la constitución provincial (ya que se liquidan por el MECCyT) que establece que debe destinarse el 33% de todos los ingreso propios de la provincia y de la coparticipación nacional a educación. Nuevamente nos preguntamos cómo evitaron todos los controles, pareciendo que el Tribunal de Cuentas en la provincia esta dibujado.

La Ministra deberá explicar, junto con otros ministros que le antecedieron, como otorgaron resoluciones implementando diplomaturas (Estudios Superiores) que han sido denunciadas como la connivencia clara y precisa de dirigentes gremiales con el ministerio para ser negocios millonarios, distorsionando la carrera docente ya que el orden de mérito se establece por la capacidad de compra que tiene el docente de estos papelitos. La mayoría de estas diplomaturas o postítulos están por fuera del marco legal ya que no reúnen los requisitos establecidos por el CFE (Consejo Federal de Educación) , los Acuerdos Federales, y las Resoluciones Jurisdiccionales y por lo tanto vamos a requerir que las Juntas de Clasificación como organismo de contralor no valoren aquellos certificados que fueron otorgados y aprobados por Título y Equivalencias, que dicho sea de paso, está implicados en esta maniobra para destruir la carrera docente y no reúnan las condiciones en el Marco Legal mencionado.

Como se ve, a pesar del intento de la ministra de ningunear a este sindicato, el Ministerio por primera vez tendrá que dar a conocer sus actos y decisiones, resultando irracional que tengamos que recurrir a la justicia para lo que es un deber de los funcionarios públicos de dar a conocer el manejo de sus decisiones y, principalmente, de los fondos de todos los chaqueños y sería importante que tome intervención la justicia en lo que todos sabemos que es el Lavado IV y que lo personifica el Ministerio de Educación de la Provincia. Es importante que se expida en los términos de 48 horas como establece la sentencia anticipando desde ya que si la información es insuficiente o tergiversada vamos a requerir que a través de la justicia se enmiende dicha situación, como así también es importante, para que antes de la reunión de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo tengamos los datos para lo que creemos que es de suma justicia se termine la desviación de fondos y se vuelque los mismos a la Escuela Pública, recordando que los diputados del oficialismo rechazaron un anteproyecto de ley para convocar a toda la comunidad educativa a debatir la crisis en Educación y las alternativas que despejen el camino de la confrontación y los paros, de los cuales hacemos responsable exclusivamente al gobierno de la provincia en concordancia con las políticas del gobierno de la Nación.

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