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Por el acuartelamiento de diciembre de 2013, Capitanich cesanteó a 11 policías y suspendió a 15.

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El decreto 502 llegó más de un año después de los hechos que lo motivan: el 7 de abril Jorge Capitanich decretó dar la baja a 11 policías y suspender a otros 15.

La decisión es resultado de la conclusión del Sumario Administrativo de la Policía, investigación interna sobre el acuartelamiento de, 8,9 y 10 diciembre de 2013. Entre los cesanteados se cuenta un comisario inspector, varios oficiales, suboficiales y agentes, en su mayoría.

La Justicia por el momento no avanza en la investigación, pero al conocer los resultados de las actuaciones administrativas de la fuerza, el gobernador pudo determinar las 11 cesantías y 15 suspenciones por 20 días “por violaciones a normas disciplinarias”

Entre los cesanteados, se encuentra el comisario inspector Juan Ramón Canteros, junto a demás miembros de la Dirección de Zona Interior de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Durante los primeros días de diciembre de 2013, personal de la Policía de la Provincia de Chaco, inició una protesta por reclamos salariales, que incluyó el acuartelamiento y alzamiento de los efectivos.

La fiscalía Federal a cargo de Patricio Sabadini inició una investigación preliminar, que concluyó con el requerimiento al juez Federal de Resistencia para investigar los delitos de sedición en concurso ideal con incitación a la violencia colectiva agravado por la ultrafinalidad de aterrorizar a la población (artículos 229, 212 y 41 quinquies del Código Penal de la Nación).

Posteriormente el magistrado dispuso delegar la investigación a Sabadini quien dedujo un recurso de reposición con apelación en subsidio, que motivó la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. El tribunal de alzada declaró improcedente el recurso de apelación y declaró la incompetencia de la Justicia Federal para continuar con la investigación, tras considerar que “los motivos generadores del reclamo del personal policial de esta provincia fueron para arrancar medidas o concesiones del gobierno provincial, habiendo involucrado sólo a funcionarios locales, sin la afectación de poderes nacionales, la seguridad de la Nación ni ninguna de sus instituciones”, concluyendo que “de la pesquisa desarrollada por la Fiscalía Federal no se ha demostrado a priori la lesión a intereses nacionales que justifiquen la intervención de este fuero”.

Los cesanteados son:
Comisario Inspector de Policía, Juan Ramón Cantero
Suboficial Principal, Miguel Ángel Ramírez
Oficial ayudante Maximiliano Ramón Sebastián Ayala
Oficial subayudante Hermindo Ramón Ángel Vivero
Sargento Ricardo Omar Maciel
Cabo Primero Miguel Ángel Maciel
Cabo Primero Carlos Daniel García
Cabo Hugo Orlando Lencina
Cabo José Eduardo Aguirre
Cabo Sergio Darío Bogado
Agente Jorge Darío Niz
Fueron suspendidos por 30 días
Oficial subayudante Cesar Alejandro Sandoval
Suboficial Principal, Rolando Adolfo Zabala
Cabo primero Ubaldo Cesar Daniel Ocampo
Cabo José María Bogarín
Cabo Florencio Jesús María Miguel Herrera
Cabo Mario Javier Tetur
Agente José Luis Rodríguez
Agente Cristian Darío Moroz
Sargento Ayudante Ercilio Balbino Barrios
Cabo Primero Julio Ricardo Ribero
Cabo Primero, Aldo Milton Madona
Cabo Primero, Pablo Ireneo Hoffman
Cabo Rubén Antonio Agüero
Cabo Claudio Alberto Báez
Cabo Daniel Feliciano Carpió

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