Reserva Grande: un fallo ordenó suspender la titularización de tierras indígenas a pobladores criollos

Así lo resolvió la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo al hacer lugar a una medida cautelar innovativa impulsada por el exdiputado provincial y actual presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, Orlando Charole. Ordena suspender todo procedimiento que implique la titularización de tierras a pobladores criollos en territorios de propiedad comunitaria indígena.

En el marco de las fuertes tensiones que se reavivaron en los últimos tiempos en la provincia del Chaco con respecto a los territorios reclamados como ancestrales por las comunidades indígenas en la zona de Miraflores, un fallo judicial volvió a jerarquizar los tratados internacionales en la materia sobre cualquier otro tipo de interés particular. Es que la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a una medida cautelar innovativa y ordenó la suspensión de los actos administrativos y procedimientos que dispongan la afectación y/o titularización de tierras a pobladores criollos dentro de la propiedad indígena denominada “Reserva Grande”.

En su momento, diversas voces se alzaron contra la decisión política del gobierno provincial de destinar a los pobladores criollos, que habitan esas tierras desde hace décadas, más de 63 mil hectáreas ubicadas en los territorios indígenas. La principal objeción es que la legislación vigente considera que las tierras comunitarias indígenas son “inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros”, de acuerdo al artículo 37 de la Constitución de la Provincia del Chaco, al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y al Convenio 169 de la OIT.

La resolución, que difunde como adelanto CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada el 24 de septiembre pasado y lleva las firmas de los camaristas Antonio Luis Martínez y Natalia Prato, quién subrogó a su par Gloria Cristina Silva quién se excusó de entender en la causa.

La presentación fue realizada por el entonces legislador provincial Orlando Charole, hoy a cargo de la presidencia del IDACh, en reclamo de que se dé cumplimiento a una acción de amparo impulsada por ese organismo -con sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia- para que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas y también con un acta acuerdo firmada en agosto de 2006 con el exgobernador radical Roy Nikisch, luego de meses de protestas.

Los fundamentos

En sus fundamentos, los camaristas consideraron que “…el Decreto N 3262/15 al desafectar 63.800 hectáreas para regularizar la situación de los criollos resultaría “prima facie” manifiestamente contrarios al mandato constitucional, que proclama que dichas tierras: “Serán inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros.” -art. 37 de la Constitución Provincial-, limitación que los poderes constituídos no pueden desconocer”. De lo contrario, advirtieron, “quedaría privada de sentido la idea misma de la tierra comunitaria, sí la cláusula constitucional “…inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros…” es prescindida o desconocida por la mayoría de la generación presente”.

Por otro lado, los camaristas también mencionan la ley provincial Nº 562-W- que, en su artículos 11 y 12 hace referencia a que las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto en esa ley “no podrán ser embargadas, enajenadas ni constituirse sobre ellas garantía alguna, ya sea por acto entre vivos o disposición de última voluntad, bajo pena de nulidad absoluta”. Además, establece que las mismas “serán inscriptas ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia, las garantías de inembargabilidad, imprescriptibilidad, indivisibilidad e transferibilidad a terceros en los títulos otorgados a familias y comunidades indígenas, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Constitución Provincial 1957-1994”.

“Todo ello, nos lleva a considerar que se encuentra acreditado “prima facie” el requisito de verosimilitud del derecho y peligro en la demora -ante la eminente titularización de las tierras comunitarias-, lo que justifica el otorgamiento de la cautelar intentada. Ello, dentro del carácter de provisoriedad de esta medida”, concluyeron los camaristas.

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