Fin del sueño: el gobierno nacional no terminará el Gasoducto del NEA

La decisión de no seguir adelante con la obra concebida para importar gas de Bolivia no impediría la utilización de la infraestructura ya instalada para llevar gas por redes, en el futuro, pero invirtiendo el flujo original: del sur al norte.

En un artículo especial para Clarín, la periodista Cledis Candelaresi justifica la decisión oficial firmada por el exMinistro de Energía (Secretario del área desde la reestructuración del Gabinete de la semana pasada), Javier Iguacel, enumerando una serie de presuntas irregularidades a lo largo de la construcción del tendido de 3018 kilómetros de caños, troncales y de aproximación, y asegura que en todo caso la decisión de traer gas de Bolivia se tomó “cuando no existía la generosa oferta potencial de Vaca Muerta”.

En la nota Candelaresi afirma que durante más de una década el Estado desembolsó en el Gasoducto del Nordeste, casi 2300 millones de dólares, el doble de su presupuesto original, “a través de licitaciones en las que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) identificó vicios que irían desde la falta de planificación a licitaciones amañadas y sobreprecios”.

“Se trata de una obra pública que el otrora Ministerio de Planificación decidió ejecutar en etapas, abriendo el juego a muchos oferentes, algunos de renombre, otros ignotos en el rubro y varios ahora complicados con la investigación sobre el dinero negro que empresas privadas pagaron a funcionarios en el marco de la obra pública. Entre ellas Vertúa, que debía ejecutar el primer tramo del ducto (EPC1), que en Salta permitiría conectar todo el tendido con la cuenca boliviana”, apunta.

Señala que el contratista no concluyó la tarea y en un nuevo concurso el tramo fue otorgado a Techint, pero finalmente “la posibilidad de que Argentina sea superavitaria en gas, unida a las restricciones fiscales, hicieron que el Gobierno tomara la decisión de no construirlo, abortando el proyecto tal como fue concebido”.

Más allá de los potenciales usos para que los 3018 kilómetros de caños no se transformen “en un monumento al despilfarro de fondos públicos”, lo cierto es que Bolivia, que había comprometido en un contrato hasta 2026 proveer 26 millones de metros cúbicos diarios del gas que por distintos especialistas era considerado el más barato de los importados, no será el proveedor.

IRREGULARIDADES
“El GNEA fue licitado por tramos a partir del 2007 y debía estar terminado en el 2009. Pero las sucesivas modificaciones y controversias con los oferentes de cada tramo extendieron los plazos y multiplicaron con creces su presupuesto inicial”, destaca el artículo.

Tras una auditoría general de la obra llevada a cabo por la Sigen que concluyó en abril de 2017, se determinó que hubo “falta de estudios de preinversión y análisis de la demanda futura que justificaran el emprendimiento. Falta de sustento económico financiero, ya que la obra ni siguiera fue prevista en los presupuestos públicos”.

Según el informe firmado por los síndicos Ignacio Rial e Ignacio Días Zavala, “los contratos en ejecución sumaban US$ 217.912.015. Y según la última versión del proyecto, sólo se había concretado el 66,15% del avance, por lo que la obra faltante implicaba desembolsar US$ 563.200.000”.

El Gasoducto del Nordeste fue declarado de interés nacional por el decreto 267/07 en el que se previó una inversión total de US$1.382.557.000 para 1.500 kilómetros de extensión. Según los síndicos, los pliegos incluyeron “cláusulas susceptibles de restringir la concurrencia de oferentes” y hubo “mínimos parámetros de exigencia” de antecedentes, disociados de la envergadura de la obra. Además no se constató que en todos los casos se haya hecho la convocatoria a licitación a través del Boletín Oficial.

CHACO
Las adjudicaciones de los varios tramos en que se fragmentó la obra tuvieron precios US$117.400.000 por encima de los valores de referencia de Sigen y el segmento EPC8, en el Chaco, se adjudicó a una oferta “que superaba en 27% el presupuesto oficial”, sin que haya ningún justificativo técnico para eso. Además advierten que hace poco más de un año, “se encontraba pendiente de ejecución una parte significativa de las inversiones de los contratistas”, por las que éstos habían recibido anticipos.

LAS EMPRESAS
Además de Vertúa, participaron otras firmas de distinta performance en el proyecto y reputación. Entre ellas Rovella Carranza, Contrera Hermanos, José Chediack (arrepentido en la causa de los cuadernos), Esuco (del arrepentido Carlos Wagner), BTU y Techint Compañía Técnica Internacional, que logró alzarse con uno de los fragmentos de la obra después de lidiar judicialmente para integrarse a concursos algunas veces anulados por razones poco nítidas. En el 2018 logró otro triunfo al ganar el concurso por el EPC1 en Salta, que ahora abortó.

El holding de Rocca tuvo un lugar particular en el GNEA. En el 2004 le arrimó a Néstor Kirchner la idea de ejecutar el tendido bajo el sistema de iniciativa privada con un presupuesto cercano a los US$1.200 millones. La primera oposición fue la de Repsol, que vio en esta propuesta una competencia a Loma de la Lata. Finalmente Julio De Vido decidió realizarla como obra pública convencional, a través de Enarsa, y reclamándole al grupo que le cediera la ingeniería base: lo consiguió sin problemas.

La Sindicatura también identificó faltas graves en todo el sistema de control y sostuvo que “la máxima autoridad superior es la responsable” por ello. No dio nombres ni mencionó delitos, pero sugirió cómo identificar a los unos y caracterizar a los otros. El otro desafío pendiente del Gobierno es realizar los informes que pidieron los síndicos y, eventualmente, denunciar a la Justicia las irregularidades, a riesgo de apañarlas.

Fuente: Clarín.

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