El aborto legal costaría $5.000 millones durante el primer año de aplicación

Hablar de montos de dinero cuando de por medio existe una problemática tan delicada como el aborto pareciera banal. Debatir sobre el tema implica tener en cuenta derechos, libertades, la realidad de millones de personas, la salud pública y el rol del Estado como moderador, en tanto debe velar por la integridad, seguridad y acceso a las prestaciones de todos los ciudadanos.

 

Fuera del debate. Pese al fuerte impacto presupuestario, ambas Cámaras decidieron no hablar de los fondos necesarios.

 

Las estadísticas de las que se dispone hasta el momento son escasas y en su mayoría sesgadas. Pese a ello a lo largo del debate se exhiben algunos números como ciertos, sin siquiera verificar su origen o verosimilitud. Establecer parámetros de valor para prestaciones que por años estuvieron enmarcadas en la clandestinidad es muy complicado en tanto hay pocas señales de precio. Aún así, con los elementos disponibles, no es imposible hacer una estimación medianamente certera.

 

 

¿Cuántos abortos?

 

La discusión acerca de cuántos abortos existen cada año en Argentina ha ocupado gran parte del debate. Habitualmente se afirma que existen 500.000 abortos cada año, sin inquirir en el origen de la cifra. El dato surge de un estudio realizado en el 2009 por Silvia Mario y Edith Pantelides, dos investigadoras del Conicet, quienes estimaron que el número anual de abortos clandestinos en Argentina es de entre 370.000 y 522.000. Las propias autoras reconocen en el documento las limitaciones que presenta la investigación, realizada en base a supuestos muy fuertes, y extrapolando datos desde otros contextos por no contar en Argentina con la información necesaria. Aún así, se toma el extremo superior de la estimación (lo razonable sería utilizar el punto medio) y se esgrime la cifra como una verdad revelada. El dato implica que la tasa de aborto en Argentina asciende a 65,4 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años.

 

En Uruguay, el aborto es legal desde el 2013. Observar lo sucedido en el caso del país vecino permite obtener una perspectiva cercana de las implicancias que podría tener la legalización sobre el sistema de salud pública en Argentina. El infograma adjunto muestra la evolución en la cantidad de casos y en la tasa de aborto en Uruguay entre 2013 y 2016. Se observa que, una vez legalizado, la cantidad de abortos creció 19% el primer año, 9,6% el segundo y 3,8% el tercero. De punta a punta, la cantidad de abortos creció 35% en tres años. La tasa de abortos sigue una tendencia similar, pasando de 8,6 a 11,5 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años. Al comparar con Argentina, llama la atención que la tasa de aborto registrada en Uruguay es 6 veces menor a la estimada por Mario y Pantelides para un contexto económico, cultural y de idiosincrasia muy similar al uruguayo.

 

 

El costo de la ley

 

Obtener un precio estimado no es un camino menos escabroso. “Se sabe” que las clínicas privadas que realizan la práctica clandestina cobran una cifra cercana a los $ 30.000. Un dato incomprobable al tratarse de un “mercado negro”.

 

Para conocer el costo de la prestación legal es necesario armar un rompecabezas. La práctica médica requerida para un aborto en los términos que propone la ley es semiambulatoria. Sin embargo no está exenta de la intervención de un gabinete de profesionales que asesora, de un médico que interviene, de estudios médicos previos (laboratorio, ecografía), del medicamento utilizado (mizoprostol), de un día de internación y de los controles médicos posteriores. Todo ello tiene un costo y es cuantificable.

 

Sólo el misoprostol tiene hoy en nuestro país un valor de mercado de $ 3.350. La presentación es de 12 comprimidos y la práctica requiere al menos 8. En el nomenclador de salud de la Provincia de Neuquén, un día de internación en sala común (sólo cama, sin insumos ni servicios) se cotiza $ 1.800. A ello hay que sumar los honorarios profesionales antes, durante y después, y el costo de los estudios. Un cálculo de mínima, siendo austeros en el valor de las prestaciones, arroja un costo aproximado de $ 10.000 por aborto. Naturalmente, al convertirse en una prestación legal, la suma es tres veces menor a la que se maneja de forma clandestina.

 

Con estos datos, es posible realizar un cálculo estimativo del costo que tendrá la implementación de la ley. Para ello, se toman como parámetro los 500.000 abortos al año que manejan los impulsores de la norma. Se prevé además, una evolución similar a la de Uruguay en cuanto a la cantidad de casos. Se toma como referencia un costo de $10.000 por aborto, actualizado por inflación un 30% el primer año, 20% el segundo y 10% el tercero (a tono con las previsiones oficiales, en cuanto a la tendencia de los precios a la baja). El resultado se refleja en el infograma adjunto, y muestra un costo de $5.000 millones de pesos el primer año y de $11.600 millones hacia 2021.

 

 

¿Quién paga?

 

La consigna de los impulsores de la ley es “aborto seguro, legal y gratuito”. Lo real es que la palabra “gratuito” es metafórica. Por más que a partir de la legalización las mujeres logren acceder a la prestación sin pagar, al final del camino alguien paga, y ese “alguien” es el Estado. Es por ello que la no inclusión de sendas comisiones de Presupuesto durante el debate en Diputados y Senadores es como mínimo sorprendente. La pregunta obvia es ¿con qué fondos se financiará el costo de aplicación de la ley? La situación fiscal del Estado nacional es terminal, y puertas adentro del gobierno se discute cuáles serán las partidas a recortar para cumplir con el ajuste comprometido en el acuerdo con el FMI. Sólo un ejemplo es el de las pensiones por discapacidad, donde se analiza un recorte de $ 8.000 millones.

 

Con buen tino alguien podría sugerir que buena parte del costo será absorbido por las obras sociales. Sin embargo, los impulsores de la ley aducen que la urgencia de la norma, radica en la desigualdad que padecen miles de mujeres pobres, que no pueden acceder a la prestación por no poder pagar. Esas mismas miles de mujeres no cuentan con obra social ni con prepaga, y acudirán al sistema público de salud.

 

El punto es todavía más delicado cuando se comprende que el servicio de salud pública en Argentina está a cargo de las provincias. Es decir que gran parte del costo fiscal recaerá sobre los presupuestos provinciales. El dato no parece haber sido considerado ni por los legisladores nacionales que representan a las provincias y votaron a favor, ni por los gobernadores que aportaron los votos sobre la hora para la media sanción en Diputados.

 

Uno de los legisladores nacionales de la zona expresó esta semana durante un encuentro informal que “si se aprueba la ley, la nación deberá asistir financieramente a las provincias, e incluir en el Presupuesto 2019 las partidas correspondientes”. No luce como el escenario más probable, dadas las circunstancias que atraviesa la economía nacional.

 

 

El negocio privado

 

Un elemento insoslayable es el lobby privado que se moviliza detrás de la ley de aborto. En este sentido hay dos datos claves.

 

En primer lugar, el misoprostol es elaborado en Argentina por un solo laboratorio. La provincia de Santa Fe anunció este año que comenzará a fabricarlo en el laboratorio provincial, pero hasta el momento la presentación comercial de la droga (Oxaprost) proviene de una sola empresa, que opera en una posición cuasi monopólica. El resultado se observa en la evolución del precio (ver infograma adjunto). Entre 2015 y 2018, el precio del Oxaprost creció un 500%. No es necesario adivinar que una vez aprobada la ley, y ante el incremento en la demanda, el precio podría subir todavía más. Con el precio actual ($ 3.350) y haciendo una proyección inicial de 500.000 abortos, resulta una facturación superior a los $ 1.600 millones.

 

En segundo lugar, existe un universo de clínicas privadas que realizan abortos de forma clandestina. La ley prevé la inclusión de la prestación de aborto en el Plan Médico Obligatorio (PMO), lo que obligará a las obras sociales a cubrir la prestación. Ello implica por un lado que las clínicas que ya realizan abortos clandestinos podrán facturar la prestación “en blanco”, y por el otro desemboca en probables nuevos aumentos en la tarifa de las prepagas, cuando las mismas se vean compelidas a ampliar la cobertura.

 

 

Datos

 

35%   Creció la cantidad de abortos en Uruguay, en los tres primeros años luego de aprobada la ley.

500%   Creció entre 2015 y 2018 en Argentina el precio de la droga utilizada para el aborto.

$ 5.000 Los millones que costaría la implementación de la ley en Argentina a valores del 2018. Una gran porción de ese costo recaerá en las provincias.

 

La exclusión del presupuesto en el debate luce irracional en un contexto económico tan frágil.

 

 

 

Fuente: Río Negro

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