Irregularidades en Municipos: solicitan informes al de Castelli

Los desmanejos detectados por la FIA pusieron en evidencia a al menos 24 comunas. Los relevamientos hablan de desvío de fondos, plantas inconclusas, falta de documentación e infraestructura inexistente; LA VOZ había anticipado una semana cargada de novedades y con la aparición en escena del juez Bonadio, lo que se concretó ayer con la citación a intendentes.

Los desmanejos detectados recientemente por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en municipios chaqueños, y por los cuales ayer la Justicia Federal comenzó a citar a intendentes, incluyen una serie de irregularidades, algunas de ellas casi insólitas.

El dictamen de la FIA, al cual tuvo acceso LA VOZ DEL CHACO, da cuenta de relevamientos realizados en al menos 26 comunas, de las cuales 24 presentan algún tipo de informalidad respecto a los programas de saneamiento ambiental que deberían haber emprendido entre 2014 y 2015.

Entre las irregularidades cotejadas sobresale las obras «a medio hacer» o inconclusas por parte de los municipios, a los cuales les fueron transferidos fondos nacionales por un promedio de $2.8 millones que debían ser destinados a poner en marcha plantas de tratamiento de residuos.

En el marco del programa Girsu (de saneamiento ambiental y tratamiento de residuos sólidos urbanos), la Nación transfirió a 47 intendencias chaqueñas la suma total de $173 millones.

En lo que respecta a la certificación de trabajos y la rendición de cuentas, las comunas también -en su mayoría- están flojitas de papeles.

El dictamen de la FIA adjuntó información detallada de la situación de 26 municipios (de los 47 que recibieron financiamiento) y halló ilicitudes en 24: solamente La Leonesa y Colonia Elisa cumplieron en tiempo y forma con los proyectos financiados por el Estado nacional.

En la vereda de enfrente aparecen los restantes municipios, con casos salientes como el de General San Martín o Villa Río Bermejito, donde los desmanejos serían casi totales.

De acuerdo con la resolución de la FIA -elaborada en base a informes técnicos y de constatación in situ que emprendió el fiscal adjunto Dugaldo Ferreyra- en San Martín apenas se verificó la existencia de «cimientos bajo agua» en el lugar donde debió estar construida la planta de tratamiento de residuos.

A ese municipio le fueron concedidos $3.5 millones en junio de 2014 desde el Ministerio de Ambiente de la Nación. Sin embargo, el dinero no fue rendido en tiempo y forma y tampoco el municipio aportó información a los órganos de contralor provincial.

Según el dictamen, tanto la FIA como el Tribunal de Cuentas le otorgaron a los funcionarios distintas prórrogas para acercar la documentación, pero nunca cumplieron.

En este caso también se produjo un llamativo contrapunto entre una rueda de verificación realizada por el Tribunal de cuentas y otra que hizo la FIA posteriormente.

Para el TC no se habían detectado «irregularidades que merezcan observaciones» pese a que, de acuerdo con la FIA, el municipio habría incurrido incluso en desvío de fondos, ya que parte de los $3.5 millones (nunca rendidos) fueron empleados para finalidades no previstas en el convenio con el gobierno nacional.

En cuanto a Bermejito (que obtuvo un financiamiento de $4.4 millones), las observaciones de la FIA apuntaron también a que el municipio utilizó los fondos para obras no relacionadas al acuerdo original con Ambiente.
Incluso funcionarios comunales que fueron consultados por el fiscal expresaron abierta y explícitamente que los fondos nacionales fueron destinados a la construcción de un muro de contención ante inundaciones.

Esa edificación implicó un gasto de $1.1 millones, pero como ese muro no estaba previsto en el convenio de saneamiento, la intendencia habría incurrido en el delito previsto en el artículo 260 del Código Penal (Malversación de caudales públicos).

MÁS IRREGULARIDADES
La FIA formuló observaciones severas en torno a las inspecciones y auditorías in situ que realizó en otros 22 municipios del interior.

La resolución cita, entre otras, a Juan José Castelli (por rendición de cuentas vencida e incumplimientos parciales), La Verde (adquisición de equipamiento sin registro fotográfico), La Escondida (sin rendición de cuentas, proyecto inconcluso) y Capitán Solari (fondos sin rendición y altos montos facturados por un solo proveedor).

Otras comunas flojas de papeles o con el proyecto inconcluso son Lapachito, La Clotilde, Pampa del Indio, Presidencia Roca, La Eduvigis, Fontana, Samuhú, Tres Isletas y Quitilipi.

Bonadio citó a más de un centenar de intendentes de todo el país
Un centenar de intendentes vinculados al kirchnerismo de once provincias fueron citados a indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio, bajo la sospecha de haber desviado los fondos que recibieron del Estado en el marco de los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) entre 2013-2015, publicó ayer el diario Clarín.

Los jefes comunales citados a indagatoria, imputados por el presunto desvío de fondos, al no cumplir con «acordado en los proyectos» de remediación ambiental, comenzaron a declarar.
La lista llega a los 100 intendentes provenientes de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.
El programa demandó $604 millones y se cree que es la suma de la defraudación. Hubo para el juez, una «transferencia irregular de sumas de dinero de las arcas del Tesoro a municipios» para lo que denominó «supuestos proyectos» de remediación ambiental.
En la citación a indagatoria, se señaló a los intendentes como «partícipes de las maniobras» investigadas y se señaló que gran parte de los municipios «no cumplieron con lo acordado» en la aplicación de fondos.
Los fondos correspondientes se giraban desde la Nación hacia los municipios. Los convenios eran aprobados por el jefe de Gabinete para finalmente, transferirse el dinero al municipio requirente.
Durante los tres años que se investigaron, se presentaron 634 solicitudes, pero sólo 212 culminaron con las respectivas transferencias del dinero, señaló el juez Bonadio. «La Ciudad de Buenos Aries, Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego no recibieron asignaciones de fondos; y sin embargo, municipios de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja obtuvieron el 79% de los fondos asignados por el proyecto, siendo que tres de estas provincias generaban un mínimo porcentaje de residuos a nivel nacional», indica su resolución.

Por un lado, sólo el 18% de los municipios cumplió con los objetivos pautados y acordados en los convenios firmados por la Jefatura de Gabinete. Además, durante la gestión de Capitanich -desde fines de 2013 a comienzos de 2015- se benefició a 54 proyectos del Chaco, con más de $170 millones.
Justamente sólo del Chaco deberán declarar ante Bonadio más de medio centenar de intendentes.
La causa comenzó con la denuncia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Medio Ambiente, después de un informe realizado por la Sigen que detectó varias irregularidades: carencia de un mapa crítico de las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas de gestión de residuos sólidos, incumplimiento de requisitos exigidos para acceder al programa, falta de control interno en la ejecución de los proyectos, modificaciones e incumplimientos en la realización de las obras, entre otros puntos.

El programa tenía el objetivo mejorar la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos (la basura domiciliaria), a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país. Se buscaba la eliminación de basurales a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de rellenos existentes, el montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la adquisición de equipamiento complementario.

Fuente: Diario La Voz del Chaco

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