Qué dice la denuncia de Horacio Rey contra los fiscales Griffith Barreto, Villalba y Otero

Este miércoles, con el patrocinio del abogado Nelson Pessoa, el exSecretario General de la Gobernación presentó en el Consejo de la Magistratura una denuncia contra el equipo fiscal provincial que lo investiga junto a otros exfuncionarios. Diario Chaco pudo acceder en exclusiva al expediente completo.

La denuncia de Rey apunta al abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de los fiscales, así como a la violación de la Convención sobre los derechos del niño y la Convención Americana de Derechos Humanos, presentación que asimismo tuvo lugar ante el Comité Provincial de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o degradantes.

El exfuncionario basa su denuncia en una serie de irregularidades del proceso judicial al que fue sometido: limitar los derechos de sus hijos a estar con su madre, en el caso de la detención en un primer momento de su esposa, Susana Fernández; admitir a tres querellantes particulares para un solo interés (el del Estado); dictarle la prisión preventiva sin haberle dado la posibilidad de ejercer su legítimo derecho a defensa.

LOS CHICOS
El capítulo más fuerte de la presentación es el que plantea la situación de los hijos de Rey desde el momento de su detención en la Comisaría Undécima de la ciudad de Resistencia. Según el escrito, tras la detención tanto de Rey como de Susana Fernández –privada de su libertad entre el 16 de marzo y el 3 de abril–, los fiscales Graciela Griffith Barreto, Nélida Villalba y Lucio Otero violaron la Convención sobre los Derechos del Niño, un instrumento internacional con rango constitucional, así como la Convención Americana de Derechos Humanos.

Rey afirma que nunca se tuvo en cuenta la situación de los dos menores, de 8 y 10 años, a pesar de que la nena –hija del anterior matrimonio del exfuncionario– perdió a su hermanita en 2014, y a su mamá biológica en 2016, situaciones que son de público conocimiento, y requiere una fuerte presencia de sus padres. Por respeto a la situación de los chicos, la presentación se guarda de consignar detalles de la situación familiar.

La denuncia considera que hubo tres graves incumplimientos por parte de los fiscales y, por lo tanto, del Estado chaqueño: en primer lugar, cuando el abogado Pessoa hizo la presentación para que se tuviera en cuenta la situación de los chicos invocando un instrumento internacional de DDHH con jerarquía constitucional, no se formó el trámite; en segundo lugar, no se dio curso a ese trámite dando intervención al órgano encargado de representar legalmente al niño; en tercer lugar, el propio Procurador General de la Provincia, Jorge Canteros, aseguró ante la prensa que la solicitud de detención domiciliaria de Susana Fernández no podía ser aceptada “pues de lo contrario todas la mujeres que son madres no podrían ser detenidas”.

Este último punto es señalado como el de mayor gravedad, especialmente por haber sido sostenido por el titular del órgano público, no sólo por darle la espalda a los tratados internacionales sobre los derechos del niño, sino por no analizar las condiciones específicas del caso. Además –aclara– para atender la situación de los menores no se pidió la excarcelación de Fernández, sino su prisión domiciliaria.

TRES QUERELLANTES PARA UN SOLO INTERÉS
El escrito denuncia que el Estado provincial se haya presentado como querellante particular, no con un abogado, como lo establecen las normas, sino con tres: la fiscal general subrogante de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Susana Esper Méndez; el Fiscal de Estado, Luis Alberto Meza; y Marco Antonio Molero como apoderado del Estado Provincial.

Invoca en ese punto los artículos 12 y 133 del Código Procesal Penal, donde se establece que el querellante particular sólo puede ser representado por un abogado, y como el Estado provincial se constituyó como querellante con tres abogados y tres querellas (tres escritos) separadas para defender un mismo interés –el del Estado– se estaría configurando una violación de las mencionadas normas.

Rey relata que este planteo fue hecho oportunamente ante el equipo fiscal, quien lo rechazó y ulteriormente validó la triple presentación en el entendimiento de que se representaban “intereses distintos”. Para Rey y su abogado Pessoa, esta situación no es otra cosa que un ejemplo contundente de la doctrina de la arbitrariedad.

PRESO SIN INDAGATORIA
Finalmente advierte que el equipo fiscal produjo abundantes pruebas sin permitir a la defensa acceder a dichos elementos: una gravísima lesión de la garantía constitucional de la defensa en juicio. A título de ejemplo, señala que hubo más de una veintena de declaraciones testimoniales, algunas incriminatorias, que no fueron notificadas a la defensa.

También hubo entrevistas en las que se acusó a Rey de la comisión de ciertos delitos a partir de una pormenorizada descripción de la mecánica de esos hechos, pero no se le permitió revisar la supuestas pruebas de esas acusaciones, por lo que resultaba imposible defenderse.

Así se llega, según esta denuncia, a la situación del dictado del auto de presión preventiva sin que concluyese el proceso de declaración indagatoria del imputado.

La declaración indagatoria –recuerda el texto– es un acto de defensa, pero en el caso de Rey no se pusieron en su conocimiento –y el de su abogado defensor– dichas pruebas, para que éstos pudieran ejercer una correcta defensa técnica, y se dictó inopinadamente la prisión preventiva.

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