Detalles de la investigación que compromete a Aída Ayala y Jacinto Sampayo

En el marco de la causa conocida como Lavado II, la Justicia federal investiga presunto lavado de activos, entre otros delitos, en la concesión del proceso de recolección de residuos en la ciudad de Resistencia, otorgada en 2014 a la firma PIMP S. A.

Luego de que el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, ordenara la prisión previa al desafuero de la diputada nacional Aída Beatriz Máxima Ayala; solicitada por la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini; este sábado trascendieron detalles del dictamen.

La investigación

Para la Justicia Federal, los ilícitos comenzaron mucho antes del 2014, cuando PIMP aún no estaba constituida como empresa.

Este medio accedió al dictamen fiscal en el que se la toma a la exintendente Aída Ayala como parte fundamental de “un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios”. La otra cabeza del grupo era el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) Jacinto Sampayo, actualmente encarcelado por esta causa.

Según la investigación fiscal, todo comenzó el 9 de noviembre del 2011, día en que se conformó TECMASA S.A., siempre relacionada a Carlos Huidobro y a Jacinto Sampayo. Los socios originales fueron Ramona Nuñez (con el 49% de las acciones) y Luis Escobar.

Aquí surge una de las primeras cuestiones a resaltar: según su declaración, Núñez no era una socia activa, sino una persona interpuesta por Pedro Alberto Martínez -también imputado-, quien en ese momento era proveedor de la Municipalidad de Resistencia.

Núñez llega a ese lugar mediante la hija de Martínez, Natalia Soledad Martínez Guarino, quien era su amiga personal.

Según Núñez en su declaración, “antes de ser socia de la firma TECMASA trabajaba en relación de dependencia para Pedro Alberto Martínez, cumpliendo funciones administrativas. Accedió a ese trabajo a partir de su relación con Natalia Martínez quien era su compañera de estudios, siendo esta persona quien la convence para convertirse en fundadora y accionista de TECMASA SA bajo el argumento que su padre – Pedro Alberto Martínez – no podía aparecer como socio de esta nueva firma, pues ya era proveedor del Estado”.

Fue así como Núñez, sin aportar dinero, se convirtió en accionista “de una de empresas más exitosas de la ciudad”, según el dictamen fiscal. Sin embargo mantuvo esa condición hasta el 2013, cuando cedió sus acciones a NACRIS S.A., también sin recibir dinero a cambio. Actuó en representación de NACRIS la contadora Vásquez.

Cabe resaltar que NACRIS tiene domicilio declarado en Capital Federal, lugar que fue allanado por la Policía Federal arrojando resultados negativos.

Hoy en día, NACRIS es controlado por Carlos Huidobro, quien se constituye como accionista de esa firma en agosto del 2015, siendo así también parte de TECMASA.

Pero se debe resaltar lo siguiente: Huidobro estuvo relacionado con TECMASA desde el 2011, cuando negociaba la adquisición de rodados para esa firma con la empresa Chaco Servicios. Lo arreglado entre Chaco Servicios y Huidobro luego era refrendado por Luis Escobar -recordemos, socio fundador de TECMASA-.

“Las sucesivas modificaciones y relaciones en el seno de esta firma no hacen más que indicar tales vínculos societarios y personales, reforzando de esta manera la hipótesis primigenia en cuanto al papel del imputado Huidobro como hombre de confianza del acusado Jacinto Sampayo”, indica la fiscalía.

Así las cosas, la fiscalía considera que “se articularon mecanismos que permitieron una readecuación de la firma, orientada a lo que meses más tarde se vería reflejado en el aporte que desde TECMASA se efectúa para que PIMP SA resulte adjudicataria del llamado a licitación para el servicio de recolección de residuos”.

El rol de Sampayo

La investigación indica que, sin intermediarios, el sindicalista Jacinto Sampayo celebró un contrato de inmueble a favor de TECMASA S.A., inmueble que “cumplió un rol fundamental en la adjudicación del servicio a la firma PIMP”. La operación se concretó a un precio irrisorio.

Además, en 2011 TECMASA adquirió la porción lindante al flamante terreno, que correspondía a Mario Torres. Lo llamativo es que Torres sólo fue titular de ese inmueble poco más de un mes, antes de negociar con TECMASA. La fiscalía cree que Torres podría tener vínculos con el Partido de Trabajadores Municipales.

Alquiler de camiones y terrenos

Ya sabemos que PIMP era una precaria empresa, sin antecedentes en el rubro y la fiscalía cree que creada para la ocasión. Pero para recibir la licitación en cuestión necesitaba más que no tener competencia, existían puntos por cumplir.

De esa manera intervinieron varias empresas, algunas que ya nombramos. En primer lugar, TECMASA S.A. promete alquilar camiones y un terreno por calle Soberanía Nacional.

Ahora, aparece también RECIFIS SRL, que también promete el alquiler de camiones a PIMP. Quien efectúa la promesa de parte de RECIFIS es Rolando Acuña. RECIFIS y PIMP tenían algo en común: su apoderado, Rolando Acuña.

Pero, además, según el Registro Público de Comercio del Chaco, RECIFIS SRL estaba integrada por Daniel Alejandro Fischer, Guillermo Carlos Fischer, Guillermo Fischer y Rodolfo Fischer.

Por lo tanto, PIMP estaba a cargo de la pareja y de la madre de Fischer, quien a su vez tenía otra empresa -RECIFIS- que prometió brindar servicios a PIMP. Y, siguiendo con la línea de coincidencias, ambas empresas contaban con el mismo apoderado.

“Tal circunstancia resultó demostrativa de la finalidad que venimos mencionando: ocultar la verdadera realidad societaria de este nuevo cartel empresario que se estaba conformando y el cual fue ideado por la Ingeniera Aida Ayala y por Jacinto Sampayo”, asegura el dictamen fiscal.

Así, el cuadro societario PIMP quedaría de la siguiente manera: TECMASA por un lado, con Huidobro a la cabeza, hombre de confianza de Sampayo para la fiscalía; y por otro lado a Fischer, hombre de confianza de Aída Ayala, primero a través de su esposa y madre, luego directamente él.

Según las declaraciones de testigos que fueron parte, Huidobro y Fischer tenían un rol activo en las decisiones de PIMP y, durante las reuniones de directorio, eran ellos quienes tenían las más “acaloradas discusiones”.

Pero aún hay más empresas comprometidas. Una es “Sistemas de Administración y Control”, la cual alquila camiones a PIMP, pero, a su vez, también es parte accionista de PIMP.

Otro de los que aparece alquilando unidades a PIMP es el empresario Pedro Martínez, de cercana relación a TECMASA, quien habría puesto a Ramona Núñez como su testaferro en esta última firma porque él no podía estar de forma visible.

La relación entre Aída Ayala y Alejandro Fischer

La relación entre estas dos personas es de conocimiento público. Daniel Alejandro Fischer fue jefe de campaña de Aída Ayala. Para la fiscalía “sigue siendo su persona de confianza tanto en lo comercial, en lo político, como en lo familiar al haber sido pareja de la hija o hijastra de la ex intendenta y por ello la necesidad de ocultarlo durante el proceso de licitación”.

Irregularidades y sospechas

Para la fiscalía, por acción o por omisión, Ayala y Sampayo mantuvieron el control del proceso de licitación que terminó con PIMP como adjudicataria, asegurando que los servicios que iba a prestar tenían un valor de más de 500 millones de pesos.

Para la fiscalía “en este caso no se observó por parte del sindicato ningún reclamo a la contratación de esta empresa, cuando tamañas irregularidades exigían, por lo menos de su parte, un pedido de informes, y ni siquiera encubiertamente lo han hecho, ya sea sumándose a los reclamos y denuncias formulados por organismos intermedios, por algunos legisladores, o por concejales, incluso por el propio Defensor del Pueblo, es decir, aprovechando el desgaste que estas personas u organismos pudieran sufrir”.

A este apartado lo hace la fiscalía expresando que el Sindicato de Trabajadores Municipales debe interceder en las negociaciones entre privados y municipio.

“Pasó el sindicato a ocupar un lugar de espectador muy alejado del comportamiento, que frente a hechos similares solía mostrar y ello por la sencilla razón del interés que se perseguía, cuál era el de beneficiarse a través de personas y empresas de su confianza, maniobra perfectamente ideadas en los términos ya señalados”, indica la fiscalía, para intentar explicar y cerrar un círculo vicioso que incluye a varias empresas y personalidades.