Confirmaron el procesamiento de Aníbal Fernández por el Fútbol Para Todos

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó la ampliación del procesamiento contra Aníbal Fernández en la causa de Fútbol para Todos donde se lo acusó de administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública. Además, el juez Martín Irurzun quien intervino en la votación, instó que llamen a declarar a Pablo Paladino sobreseído, pero ahora en carácter de testigo, para que diga qué rol tuvo Carlos Zannini en toda la relación con la AFA, ya que en los medios de comunicación dijo que “manejaba todo” respecto a FPT.

La jueza federal María Servini había procesado a Aníbal por “irregularidades en la contratación con el único auspiciante, la firma de camiones Iveco”. En diciembre pasado, la ampliación de ese procesamiento convirtió al acusación en una “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y se le trabó un embargo de 50 millones de pesos.

La causa, que confirmaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, es la segunda parte de la investigación sobre el programa Fútbol Para Todos, y se centró en el contrato con la automotriz Iveco, que pagó con camiones y dinero parte de las publicidades de los partidos en el marco de FPT. El convenio, según el expediente, estuvo a cargo de Gabriel Mariotto, que se desempeñaba como coordinador del programa.

En una primera etapa la jueza Servini procesó a los ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, y a Gabriel Mariotto -entonces coordinador de Fútbol Para Todos-, a quien le atribuyeron el delito de peculado. En tanto, los ex dirigentes de AFA Luis Segura, Rafael Savino, Miguel Silva y Carlos Portell fueron procesados antes por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Después de la declaración del ex CEO de Iveco, Natale Rigano, quien señaló que la negociación por la contraprestación en minutos de aire en el programa Fútbol para Todos era con la Jefatura de Gabinete de Ministros, la magistrada decidió realizar nuevas indagatorias que le significaron a Aníbal Fernández una ampliación en su procesamiento inicial, ahora por administración fraudulenta.

A Segura y Silva se les determinó la falta de mérito, y a Rigano se lo procesó como “partícipe necesario de la administración fraudulenta”.

La causa se inició en 2014 por la denuncia de la legisladora Graciela Ocaña, sobre irregularidades en el manejo de fondos en FpT. Se investigó el desvío de fondos públicos por alrededor de 170 millones de pesos, que se habrían gastado sin ninguna justificación. Los ex funcionarios y los dirigentes están sospechados de haber participado de la contratación de productoras de TV cercanas al kirchnerismoy facturaciones irregulares, entre otras maniobras.

Según el expediente, desde 2009 el Gobierno le dio a la AFA alrededor de 9 mil millones de pesos para poder transmitir los partidos de fútbol, mientras “los clubes recibían los fondos en forma discrecional y muchos canjeaban los cheques en determinadas cuevas financieras”. En paralelo, no se aplicaron los respectivos controles para que “los clubes sanearan sus cuentas, pese a que eso figuraba en el contrato original que firmó el Gobierno con la AFA”.

La deuda global de los clubes ascendió a 2.500 millones de pesos, y desde 2009 “se incrementó notablemente”, por ello la Justicia consideró que no hubo ganancias para el Estado aunque sí gastos. Durante esos años, hubo un solo anunciante privado, Iveco, que fue denunciado por canjes irregulares por camiones que entregó al Gobierno.

Las contrataciones se hicieron a través de diversos convenios. El primero se firmó en 2010 por 7 millones de pesos. El segundo, de 2011, por 9 millones. En 2012, el tercero por seis millones. El cuarto convenio, también de ese año, fue por 19 millones; en 2014 el quinto por 20 millones y el último, de 2015, por 28 millones.

De acuerdo con los dichos de Rigano, por dichos acuerdos firmados con Jefatura de Gabinete, IVECO entregó camiones “como canje por minutos de publicidad en televisión en el programa Fútbol para Todos”. Sin embargo, en las últimas adendas una parte se materializó en unidades motorizadas y otra en dinero en efectivo.

Según la jueza Servini, se pudo determinar que se llegó al trato a través de un “acuerdo entre Aníbal Fernández y el Sr. Natale Rigano, que fuera materializado en principio en una reunión, dejando pendientes algunas cuestiones, como las respectivas autorizaciones internas de la empresa, y los detalles a sus subalternos materializándose encuentros y cruces de correos electrónicos”.

Respecto a la recepción de pagos a través de los camiones, uno de los imputados señaló que fue una propuesta de IVECO y que se “analizaría con Aníbal Fernández, para ver si lo aprobaba”.

En la ampliación del procesamiento confirmado hoy por la Cámara Federal porteña, la magistrada señaló que hubo una “simulación en los contratos suscriptos con “IVECO Argentina S.A.”, en los términos antes reseñados, negociado el primero de ellos por Fernández, por lo que consideró que debía procesarlo por “defraudación a la administración pública”.

Al analizar el rol que tuvo el ex jefe de Gabinete por la firma de convenios con Iveco se señaló que los mismos “no se sujetaron a la normativa legal, no fueron precedidos de licitación alguna, entregando como parte de la contraprestación pagos en especie sin encontrarse acreditada la necesidad previa estatal de ello, y sin guardar relación los conceptos facturados y los segundos publicitarios contenidos en los distintos acuerdos con los cuadros tarifarios y/o paquetes tarifarios del programa “.

Entre otras pruebas, en la causa se tomó en cuenta una informe de la Auditoría General de la Nación, que determinó que el contrato por minutos de publicidad fue desfavorable para el Estado Nacional.

Aníbal Fernández había asegurado que el acercamiento de IVECO fue a través de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) e, incluso, figura una nota en el expediente en manos de Servini, en el que la entidad deportiva pedía a Jefatura de Gabinete de Ministros que la empresa de camiones fuera sponsor.

Pero para la Justicia no fue más que una “simulación”, y ahora en su declaración Rigano confirmó lo que se sospechaba.

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