Reforma de la ley de ética pública: Nación busca transparencia en la actividad de ministros, jueces y legisladores

El Gobierno nacional elabora un proyecto para reformular la ley de ética pública.

Así, “publicar los bienes de sus parejas, desprenderse de acciones y bonos antes de asumir y restringir la actividad privada al dejar el cargo son sólo algunas de las nuevas pautas que deberán cumplir los funcionarios”, según informa el diario La Nación.

“La iniciativa no sólo involucra al presidente y a sus ministros, sino también a jueces, fiscales, diputados y senadores”, agregan.

Con esto se “intenta saldar muchos de los grises de la legislación actual y controlar los conflictos de intereses. Ese aspecto es un talón de Aquiles para la gestión de Mauricio Macri, cuyo gabinete incluye a muchos hombres de negocios que vienen de la gran empresa y saltaron a la administración pública en 2015”, refirieren.

“Es un proyecto basado en la experiencia, para prever situaciones que hoy no están claras. La persona que entre en el Estado deberá asumir costos personales”, señaló la titular de la OA, Laura Alonso.

DECLARACIONES JURADAS

A través de la iniciativa se buscará “detectar no sólo posibles enriquecimientos injustificados, sino también incompatibilidades”, comentan.

“La mayor novedad es que volverán a ser públicos los bienes de los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad. En 2013, la gestión de Cristina Kirchner impulsó un cambio en la ley que restringió esos datos y habilitó a que las parejas custodien los bienes que el funcionario no quería sacar a la luz”, destacan. Agregan también que “deberán detallarse las actividades laborales anteriores y los vínculos con asociaciones o fundaciones”.

“Todos los jerárquicos de los tres poderes deberán presentar su declaración patrimonial. El texto oficial propone que ´quienes dirijan cuerpos que administren obras sociales´ deberán informar sus bienes. Este inciso apunta a controlar los patrimonios de los dirigentes gremiales, un reclamo que viene haciendo Elisa Carrió , afirman.

CONFLICTO DE INTERESES

El capítulo de “conflictos de intereses actuales” destaca que está prohibido “realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que el funcionario tenga atribuciones”, “proveer bienes o servicios al organismo en el que ejerce su competencia” e “intervenir en gestiones judiciales contra el Estado”. Cambiemos busca, así, controlar a los legisladores abogados que patrocinan juicios contra el Estado.

“El presidente y los ministros deberán desprenderse de las acciones o cualquier otro título emitido por sociedades vinculadas a su área ´o cuya cotización pudiera verse influenciada´”, explican.

La iniciativa, en tanto, señala que los funcionarios de jerarquía tienen prohibido ser socios de instituciones que representen intereses sectoriales “cuyo objeto resulte concurrente con su función”. Así, se apunta a casos como los del flamante ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere , que debió renunciar a la Sociedad Rural. Ahora la ley lo dejaría por escrito.

EN RESUMEN

Volverán a ser públicos los bienes de los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, para evitar “prestanombres”.
Los funcionarios deberán desprenderse de acciones y títulos que estén vinculados con su función. Podrán venderlas o ponerlas en un fideicomiso ciego.
El texto del Gobierno propone que “quienes dirijan cuerpos que administren obras sociales” deberán informar sus bienes.
El proyecto oficial explicita que “el funcionario no debe designar parientes o amigos en la repartición a su cargo”, aunque nada dice respecto de otras áreas del Estado.

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