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A 28 años de la AMIA, hay una historia que todavía sigue pendiente

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José Alberto Pérez declaró en la Justicia por primera y única vez un viernes frío de invierno, el 4 de julio de 2014. Aturdido y fatigado, se presentó como oficial de inteligencia de la Policía Federal y confesó que había estado infiltrado en la comunidad judía durante 14 años, entre 1986 y 2000. “La orden fue ingresar a la comunidad judía y a los grupos universitarios sionistas y a partir de ello reportar todas las averiguaciones y sus actividades diarias”, dijo.

Reveló que obtuvo copias de planos y croquis del edificio de la AMIA y, antes de la voladura, los remitió a sus superiores. La Justicia nunca lo llamó a ampliar la declaración ni a ratificarla. Ni en la causa AMIA ni en una causa paralela sobre la Federal. A 28 años del atentado, con el éxito de la serie de Amazon, el corazón de su testimonio no se investigó.

Alberto Nisman introdujo una copia de su declaración en la causa AMIA y envió el original a sorteo a la Cámara Federal de Apelaciones. El martes 8 de julio de 2014, el primer y único testimonio judicial de Pérez generó un expediente llamado: Policía Federal s/averiguación de delito. La causa permaneció abierta durante poco más de dos años. Discutió si debía ser testigo o imputado. El 29 de septiembre de 2016, el juez federal Sebastián Ramos dispuso el archivo. “A las partes no les interesaba seguir adelante”, dicen alrededor del expediente.

En aquella única declaración, el espía también enumeró los nombres de sus superiores directos hasta el rango de comisarios generales, la estructura a través de la que circulaba la información y de la que él volvió a hablar mas tarde con abundantes detalles, en Iosi, el espía arrepentido, el libro que publicó con Miriam Lewin y Horacio Lutzky.

Paula Litvachky es directora ejecutiva del Cels. “Iosi pudo haber tenido o no haber tenido vinculación con el atentado de la AMIA –dice– pero un paso atrás, es por qué la Policía Federal puede tener un cuerpo de inteligencia que se infiltra en lugres sobre los que uno no conoce nada de su regulación. Nadie lo controla. Y cada vez que aparece un escándalo en caso de delito casi que no se investiga”. Por eso, dice, “lo que más me llama la atención es que nadie está investigando ni desde el Poder Ejecutivo ni desde el Judicial cuáles son las facultades, cuál la regulación de un cuerpo de inteligencia de la Federal”. Aquello que se investigó en la AFI, aún sigue pendiente en la Federal.

“Ese cuerpo de Inteligencia tuvo distintos nombres a media que fue pasando el tiempo, y tenía la autorización, a diferencia de otros, de infiltrarse en lugares y en general, la información que hemos tenido de las que se conocieron es que son ilegales. Tienen por objeto, algo ilegal. Iosi estaba investigando supuestamente el plan Andinia, un plan básicamente de concepción antisemita. El objeto fue ilegal, después viene la ficcionalización y lo espectacular de un espía que pudo haber tenido o no vinculación con el atentado, pero antes está lo otro: qué hacían ahí”, agregó.

¿Qué dijo y qué pasó?

Pérez declaró de apuro. El viernes 4 de julio de 2014, Gabriel Levinas difundió su historia, una traición a un pacto de confidencialidad que mantenía con Lewin y Lutzky. Lutzky deambuló toda esa mañana con Pérez en Tribunales. Buscó a Rodolfo Canicoba Corral, el juez del caso AMIA. Una secretaria les dijo que había sido delegada a Nisman.

“Se acercaba la hora del cierre de Tribunales y yo no podía llegar al fin de semana con el espía más buscando yirando por las calles de Buenos Aires”, escribió Lutzky más tarde. Nisman no estaba. Lo llamaron. Estaba en su casa. Un secretario los recibió en la fiscalía. Pérez declaró y luego pidió y consiguió ser acogido en el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados donde aún permanece.

El espía habló a lo largo de nueve páginas. Al comienzo, respondió las preguntas de rigor. Argentino, divorciado, Personal de Inteligencia de la Policía Federal con cargo de Oficial Tercero. En 1993 y hasta marzo de 1994, dijo, fue secretario de actas de OSA. La Organización Sionista Argentina iba a mudarse al edificio de la calle Pasteur. “En ese contexto, tomó conocimiento de planos y de croquis, posiblemente hechos por arquitectos, de cómo quedarían las oficinas en el edificio, para albergar a OSA y a la Agencia Judía”.

Obtuvo copias de los planos y “los remitió a sus superiores”. También supo que iban a cambiar las condiciones de seguridad en el edificio porque la Agencia pertenecía al gobierno de Israel, según dijo, y agregó lo que dijo después de cada tramo: “tal circunstancia también fue puesta en conocimiento de sus superiores”.

Parte de la declaración se conoció en aquel momento, pero hubo datos menos conocidos como la estructura de la Federal a la que reportaba. ¿A quién?, le preguntaron. Y habló de Laura, su “superior inmediato”. La persona que lo contactó para la infiltración. La Colorada, como la llama en el libro. Él no conocía el nombre verdadero. Hablaban por teléfono, y se veían en un bar o una confitería. Laura, agregó, “trasladaba información a sus superiores”.

¿Quiénes eran? En 1986, era el comisario Gutiérrez quien, a su vez, reportaba al Superintendente (de Interior de la Policía Federal), comisario general José Scopa. En 1992, continuó, el superior de Laura era Kurevsky y en reemplazo de Scopa llegó el comisario general (Angel Juan) Ramírez. Entre 1992 y 1994, Pérez pasó al Departamento de Asuntos Extranjeros. Laura continuó, en ocasiones reemplazada por alguien llamado Julio. Ellos reportaban a un comisario de apellido Falcon y al mismo comisario general Ramírez. José Scopa, dijo Pérez, “terminó siendo uno de los directores de la SIDE”.

Varios tuvieron vinculación de una u otra manera con la AMIA. Scopa entró a la central de inteligencia en 1991 y por su cercanía con el FBI, Hugo Anzorreguy lo puso a trabajar en el caso. Ramírez declaró en el juicio por el encubrimiento. De él dependía la DPOC, el Departamento de Protección del Orden Constitucional que encabezó el comisario Carlos Castañeda, cuya condena confirmó la Corte esta semana por destrucción de documentos.

Pérez habló más extensamente de la estructura en “Iosi, el espía arrepentido”. Mencionó a Castañeda. Y, entre otros, a Kurevsky. “Era uno de los enlaces que tenia la DAIA para averiguar cosas sobre cierta gente”, sostuvo. En una oportunidad, al verlo en uno de los edificios de la Policía, “me manoteó el legajo y vio que yo estaba en la comunidad judía”. Fue “un momento de mucho riesgo porque debe haber avisado”.

El libro cuenta más. Releva la expansión monumental del espionaje: mesas de Asuntos Estudiantiles, Gremiales, Culturales, Laborales. “Mi primer destino fue Asuntos Laborales”, escribió sobre un área dividía en dos partes. “Los que estaban en el área Empresarial iban a las cámaras empresarias y a las plantas industriales identificándose como de la Federal pero con nombre supuesto y pedían a los dueños los nombres de los delegados y los problemas con las comisiones internas”. “La otra área, la Gremial, se dividía en dos, unos iban a reunirse con los secretarios generales y otros se infiltraban directamente entre los trabajadores (…). A mi me asignaron la primera pata”.

La causa

El juez Ramos recibió de Nisman dos cosas: la declaración de Pérez y un fragmento del libro de Levinas. La causa quedó bajo la instrucción fiscal de Jorge Di Lello aunque el juez no la delegó hasta tiempo más tarde. Di Lello inicialmente pidió la ampliación testimonial de Pérez, pero el juez la rechazó. “La situación procesal no está definida”, dijo porque a su criterio el espía podía ser imputado y parecía imprudente llamarlo a una testimonial. Pasó julio.

En agosto, la DAIA se presentó como querellante. El juez pidió información a la Federal y a la SIDE, pero ambos organismos explicaron que todo estaba reservado bajo secreto en el caso AMIA. Consultó entidades judías. La Organización Sionista Argentina confirmó que el espía había estado en la comisión directiva. Y un colegio también dio cuenta de su participación. Con esos elementos, a mediados de 2015, el juez comenzó a solicitar que la causa pase a la investigación de la AMIA.

La UFI AMIA se opuso porque no había puntos de conexión. Canicoba lo mismo. Ramos persistió pero la Cámara Federal finalmente le ordenó continuar con el expediente. Hasta el final no hubo más novedades. Ramos delegó la causa en el fiscal. Di Lello pidió el archivo. El juez avisó a la DAIA. Esperó tres meses. La DAIA no había pedido una sola medida de prueba hasta entonces, y tampoco lo hizo en ese caso. Así, el 29 de septiembre de 2016 se archivó la causa.

En AMIA, el destino no fue muy distinto. El legajo quedó abierto pero la información no se tomó en cuenta. La fiscalía citó a Laura y a Julio, que describieron a Pérez como un “pichi”. Y entre otras cosas, restaron importancia a la entrega del plano porque contrariaba lo que le había dicho a Levinas. Y aún discuten datos de lo que dijo aunque nunca lo dejaron por escrito.

Desde entonces, Pérez busca declarar. Ya lo dijo en su libro.

“Hablé y hablé delante de tres desconocidos”, escribió sobre el día de la declaración en la oficina de Nisman sin Nisman. “Escribían en una computadora y de tanto en tanto me preguntaban algo. Yo no estaba en el mejor estado de ánimo como era obvio, me sentía parado sobre un terremoto a punto de caer en una grieta profunda. Al final, me indicaron que hiciera verbalmente la solicitud de entrar al programa de protección”. Y luego: “Estoy convencido de que mi declaración no fue tenida en cuenta por Nisman, porque nunca volvieron a llamarme a pesar de que era obvio que podía haber aportado mucho más de lo que dije esa tarde, abrumado”.

 

chacodiapordia

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